La Procuraduría General de la República (PGR) no encontró errores en el proyecto de ley que busca blindar la protección contra la pesca del tiburón martillo en aguas marítimas costarricenses, con el objetivo de proteger la biodiversidad que habita en los océanos.
El texto busca realizar una modificación a la Ley de Pesca y Acuicultura, para que se agregue la prohibición de caza y captura del tiburón martillo, cuyo nombre científico es Sphyrnidae.
En Costa Rica, existen tres especies de tiburón martillo: Sphyrna lewini, Sphyrna zygaena y Sphyrna mokarran. Gran parte de ellos habita en el Golfo Dulce y en la Isla del Coco.
Según manifestó la PGR, la conservación de esta especie marina responde al principio de pesca responsable, que obliga a los Estados a ajustar su legislación y políticas públicas en esta materia, en especial en asuntos relacionados con la caza y pesca de especies en peligro de extinción.
El ente procurador recordó que, como parte de la preocupación por la conservación del tiburón martillo, la Sala Primera emitió la sentencia N.° 912, de junio del 2023, en la que declaró al tiburón martillo en peligro de extinción.
En esa misma sentencia, ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y al Estado, a erradicar de manera total la extracción del tiburón martillo de las aguas nacionales, prohibiéndose su captura incluso de modo incidental.
En la exposición de motivos del proyecto se consignó que responde a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).
Desde el 2008, el sphyrnidae se encuentra en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), como una especie amenazada y en peligro, por lo que los países miembros de la Cites deben protegerlo.
Tres decretos
Asimismo, la iniciativa busca elevar el rango normativo de los decretos ejecutivos y dotarlos de seguridad jurídica, debido a que el derecho ambiental debe de cumplir con los principios de progresividad y de no regresión ambiental.
En el 2018, el entonces presidente Carlos Alvarado emitió el decreto ejecutivo N.° 41056-Minae, para declarar como santuario del tiburón martillo al Golfo Dulce. Con esa declaratoria, se prohibió la pesca, captura, aprovechamiento, trasiego, transporte y comercialización del tiburón martillo en esa zona.
Cuatro años después, en abril del 2022 el Poder Ejecutivo también declaró como santuario natural de tiburones al Parque Nacional de Isla del Coco, a través del decreto N.° 43477-Minae.
En febrero del 2023 la administración de Rodrigo Chaves Robles emitió un tercer decreto que prohíbe la captura, retención a bordo, transbordo, descarga, almacenamiento, y comercialización de productos y subproductos de las tres especies de tiburón martillo.
Leslye Bojorges, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y proponente de la propuesta, indicó que, ante el visto bueno de la PGR, espera que el plan avance para contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible.
“Este proyecto de ley viene a darle rango de ley a una serie de decretos ejecutivos que han procurado la protección y conservación del tiburón martillo en Costa Rica. De esta manera, se imposibilita que en el futuro, por medio de decreto ejecutivo, los eventuales gobiernos de turno, deroguen estos decretos. Al igual, nos permite contar con una ley que prohíba en Costa Rica, de una vez por todas, la caza marítima y la captura del tiburón martillo”, aseveró el socialcristiano.
Proyecto ‘expone las políticas antojadizas’
El Centro Rescate de Especies Marinas Amenazadas indicó, ante consulta de los diputados, que el proyecto de ley parece loable, pues pretende impulsar la conservación del tiburón martillo; sin embargo, recalcó que el plan ignora los principios básicos del enfoque ecosistémico de la pesca.
“Lejos de proyectar un sentimiento de preocupación estatal por el destino del tiburón martillo, especie en peligro crítico de extinción por sobrepesca, la propuesta de ley en cuestión expone las políticas antojadizas y fracasadas de manejo pesquero y de conservación marina”, consignó esta organización en un escrito.
Según expuso, el peligro de extinción no es un problema único del tiburón martillo, sino que es consecuencia de la sobrepesca, que tiene efectos directos en el ecosistema, en particular sobre especies longevas, de gran tamaño, crecimiento lento y de maduración sexual tardía, como lo son las tortugas marinas y los tiburones.
En junio pasado, un grupo de 18 organizaciones ambientalistas acusó a Costa Rica de permitir la captura de tiburones martillo y otras especies en peligro ante el Servicio Nacional de Pesca Marina (NMFS), adscrito al Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
Esta coalición, liderada por la organización no gubernamental Marine Watch International, pidió a la entidad norteamericana mantener a Costa Rica en la lista de naciones que practican la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, conocida como IUU Fishing.
Costa Rica ingresó a esta lista en el 2021 debido a infracciones que, según el grupo ambientalista, aún no se han subsanado. En el 2023, el Servicio Nacional de Pesca Marina deberá presentar un nuevo informe al Congreso norteamericano.
En caso de reincidencia, ese Congreso podría tomar medidas drásticas, incluyendo la posibilidad de imponer un embargo a las exportaciones de productos marinos costarricenses.