Magda Inés Rojas, procuradora general adjunta, presentó un recurso de amparo en contra del jerarca de la Procuraduría General de la República (PGR), Iván Vincenti, por haberla expulsado del sistema institucional de correo electrónico estando en el ejercicio de sus funciones.
La funcionaria interpuso el amparo el pasado 12 de junio. La Sala Constitucional le da curso a través del expediente 23-13644-0007-CO.
De acuerdo con la Sala IV, Rojas alegó que la exclusión de su derecho a acceder y utilizar la cuenta de correo institucional “es un acto arbitrario, carente de fundamento y fundamentación”.
El miércoles, el procurador general declaró que se ve imposibilitado de referirse al tema por el recurso de amparo que presentó Rojas.
“La Sala Constitucional me ha conferido el plazo de ley para referirme a dicho recurso, razón por la cual, en mi obligación de atender el mandato de ese alto tribunal, debo esperar a rendir el informe primero y, luego, pronunciarme sobre el tema puntual”, expuso Vincenti.
Ante la Sala, la procuradora Rojas argumentó que la cuenta de correo interno es un instrumento para la comunicación institucional entre todos los funcionarios acreditados para utilizarla. Sostuvo que el cierre anticipado es una medida singular y excepcional tomada en su perjuicio que obstaculiza el cabal ejercicio de sus funciones.
Rojas se quejó el jueves 9 de junio, en una carta enviada al procurador general, de que le bloquearon el acceso al sistema. En la misiva, explicó que funcionarios del Departamento de Tecnologías de la Información le comunicaron verbalmente que, por orden de Vincenti, había sido inhabilitada como usuario del servicio de correo institucional.
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Por ello, según la nota, le hizo ver su “más enérgica protesta por su actuación” y pidió la rehabilitación de su usuario en el correo institucional.
“Además, requiero que no se adopte ninguna otra medida que me impida el acceso a los sistemas y plataformas institucionales”, dice la carta.
En la comunicación, Rojas recordó que, pese a estar próxima a jubilarse, pues trabaja hasta este jueves 15 de junio, mantenía su condición de funcionaria cuando se le cerró el acceso al correo institucional.
Al seguir vigente en el cargo, agregó, mantiene sus responsabilidades y derechos funcionales como procuradora adjunta.
Dijo que, en su criterio, la inhabilitación del correo institucional es un acto que atenta contra su situación jurídica como procuradora adjunta. “Me desvincula de la institución de forma anticipada y sin que exista una comunicación formal de parte suya motivando la decisión”, cita la carta enviada a Vincenti.
Alegó que su desconexión electrónica de la institución “atenta, también, contra el control interno y contra el buen funcionamiento de la Procuraduría General”.