Los principales recortes que aplicaron los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios al Presupuesto Ordinario del 2015 se centran en el gasto en alquileres, sueldos, horas extra y consultorías.
Así se desprende del estudio del Departamento de Análisis Presupuestario del Congreso sobre el trámite de las rebajas propuestas por los diputados y por el Gobierno.
De hecho, la partida de alquileres, mantenimiento y pago de servicios públicos se recortó en ¢21.119 millones (un 17% del monto original), mientras la de servicios profesionales y consultorías se redujo en ¢12.027 millones (21%).
En cuanto a los sueldos, horas extra e incentivos a los trabajadores del sector público, la reducción que aprobaron los legisladores es de ¢6.959 millones, que porcentualmente es solo un 0,3% respecto al monto que pidió el Ejecutivo.
Esas reducciones de gasto son parte del gran total de los recortes por ¢97.000 millones que aprobaron los diputados, la semana anterior, al plan de Presupuesto con el que el Gobierno pidió autorización para gastar hasta ¢7,9 billones.
Aparte de las reducciones en esos gastos que los diputados de Asuntos Hacendarios han considerado “recortables”, están las disminuciones a las transferencias para instituciones públicas, que en total suman ¢36.151 millones.
De ese monto, el Gobierno solicitó a los congresistas reducir solo partidas por ¢20.000 millones, mientras los restantes ¢16.151 millones fueron rebajas ideadas por los legisladores.
Otros cortes. El dictamen de mayoría sobre el Presupuesto Ordinario del 2015 también comprende menos dinero para compra de materiales, suministros y útiles (productos de farmacia y veterinarios, combustibles, tintas, químicos y alimentos).
Ahí se recortaron ¢5.668 millones, mientras en lo previsto para compra de maquinaria y de equipo informático, por ejemplo, se cercenaron ¢5.405 millones al plan del Poder Ejecutivo.
Pese a la intención de aplicar rebajas más fuertes al plan de gastos del Ejecutivo en rubros como viajes al exterior y en el país, así como a los viáticos, esa merma solo comprende ¢1.600 millones, o sea, un 9,1% respecto al monto original.
Otros tijerazos menores al Presupuesto se dieron en intereses pues se disminuyó el monto para gasto en ¢4.000 millones, y en mejora de edificios y calles se recortó un total de ¢1.989 millones.
Todas esas cantidades incluyen reducciones a los presupuestos del Gobierno (Presidencia de la República y sus ministerios), el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, además de la Contraloría General de la República y también la Defensoría de los Habitantes.
¿Efectos negativos? Ahora, mientras la Comisión trabaja en el informe final para presentarlo al plenario del Congreso antes del 25 de octubre, el Ejecutivo busca enfatizar en los efectos negativos que tendrían los recortes presupuestarios sobre los principales programas de la Administración de Luis Guillermo Solís.
De hecho, el viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, explicó que se giró una directriz presidencial a cada ministerio, a fin de que esas entidades definan en qué partidas sufren un mayor efecto negativo por los recortes.
Al día de ayer, ya la Presidencia de la República tenía información sobre los efectos de las rebajas en la mitad de los ministerios.
Eso sí, el informe sobre los efectos de las mociones no discrimina entre los cortes gestionados por los diputados y los que fueron autoría del propio Gobierno.
Incluso, el espíritu de varias mociones gubernamentales fue reducir el rubro de transferencias a entidades públicas y entes privados, para reponer los montos que en la Comisión de Asuntos Hacendarios se bajaron en viajes, viáticos, consultorías y alquileres, entre otros.
Se pudo más. El presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el oficialista Ottón Solís, alabó los recortes que se aprobaron, pero insistió en que, con más tiempo, se pudo haber hecho más rebajas.
“Cortamos plazas nuevas que creaba este Presupuesto, pero no en educación ni en salud. Obligamos a las instituciones a bajar el gasto en servicios públicos, como agua y electricidad, por lo que hoy nadie se preocupa”, dijo Solís.
El fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC) adujo que se reduce el gasto en alimentos en ¢95 millones, pero sin tocar lo correspondiente a hospitales ni cárceles.
Solís aprovechó para sacudirse de las críticas lanzadas a los diputados desde el Poder Ejecutivo debido a los recortes.
“Algunos de los que no se escandalizaron por los gastos del PAC cuando ya tenía la campaña ganada, ahora dicen que no se pueden hacer recortes. Ahora usan calificativos como ‘irresponsables’ o ‘conspiradores’ contra la gestión del Estado”, dijo el diputado.
Rolando González, de Liberación Nacional, aseguró que todas las rebajas hechas al Congreso, la Corte Suprema, la Contraloría y la Defensoría se coordinaron con las respectivas entidades. Añadió que el Ejecutivo respondió tarde a la petición de recortes. Colaboró el periodista Esteban Oviedo.