El presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró la mañana de este viernes que él apoya totalmente al ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, ante la sanción que le impuso la Contraloría General de la República por la forma en que el Minae le pagó dedicación exclusiva a dos viceministras.
"Yo respaldo al ministro y él planteará una apelación sobre este caso. Me ha hecho saber que su actuar ha sido de conformidad", explicó.
Añadió que se procederá con esas gestiones por la vía institucional ante la Contraloría y que respalda al jerarca por su gestión “positiva para el país”, tanto por la decisión de frenar la expansión piñera en la zona sur, como por lo hecho en parques nacionales y la descarbonización.
El ministro, por su parte, anunció que ya presentó la apelación ante la Contraloría y culpó básicamente a la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), de apellido Loaiza, por los presuntos pagos irregulares.
En conferencia de prensa, el ministro Rodríguez afirmó que cuando entró al cargo, en mayo del 2018, solicitó hacer los contratos de trabajo de las viceministras y determinar sus alcances salariales.
Un año después, en una gestión de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría, se encontró que a una viceministra se le venía pagando de más y a la otra, menos.
Las faltas que dieron origen al proceso disciplinario se vinculan con la gestión y pago por concepto de dedicación exclusiva a Pamela Castillo, viceministra de Ambiente, y Celeste López, viceministra de Gestión Ambiental.
La Contraloría concluyó que a Castillo se le pagó un 55% y a López un 20% por dedicación exclusiva, aunque, para el cargo de viceministros, lo que corresponde es el pago de la prohibición regulada en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
El pago de la prohibición, a su vez, depende de tres requisitos esenciales. El primero es que la persona esté en un puesto sujeto al pago de prohibición según la ley. El segundo es que la persona tenga el grado académico requerido para ejercer su profesión. El tercero es que la persona esté incorporada al colegio profesional respectivo cuando sea requisito.
El problema, según la Contraloría, es que el Minae les pagó dedicación exclusiva sin hacer un análisis jurídico exhaustivo que permitiera determinar si correspondía hacerlo.
El pago por prohibición era de un 65% para licenciados y de un 30% para bachilleres. La reforma fiscal, de diciembre del 2018, bajó los porcentajes a un 30% y un 15%, respectivamente, para nuevos contratos.
El ministro adujo que él abrió un procedimiento para determinar la responsabilidad de la directora de Recursos Humanos, proceso aún vigente, y a la vez pidió tomar las acciones necesarias para que una viceministra devolviera lo que había recibido de más y para pagarle a la otra lo que se le debía.
Según el ministro, lo sorprendió que otra división de la CGR, que "no tenía nada que ver con la de Fiscalización", lo sancionara sin el debido proceso y le achacara a él la responsabilidad por las gestiones y decisiones de la encargada de recursos humanos del Minae.
Rodríguez evitó decir qué pasará cuando se resuelva su apelación, sobre todo en caso de que sea una respuesta negativa, pero insistió en que la responsabilidad es de la funcionaria Loaiza y no de él, como jerarca.