La presidenta de la República, Laura Chinchilla, vetó anoche un nuevo proyecto aprobado por el Congreso. Es la cuarta iniciativa que rechaza la mandataria, en lo que va de su administración.
Se trata de la interpretación auténtica a la Ley N.° 8.950 sobre derechos prejubilatorios de los trabajadores del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
La iniciativa fue avalada el 3 de agosto pasado, pero, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, no incluyó la fuente para financiar el aumento significativo de los beneficiarios de la prejubilación.
La Presidencia de la República informó de que la legislación vigente beneficia a 130 exfuncionarios del Incofer, pero con el proyecto la cifra aumenta a 2.400.
En la actualidad, el Estado paga ¢232.018 al mes a cada exfuncionario, o sea, ¢392 millones en total. El gasto subiría ¢7.238 millones si se pone en vigencia la nueva ley.
El Ejecutivo advierte de que en la iniciativa de ley aprobada no se define la fuente de esos dineros con cargo al Estado.
“La interpretación auténtica se realiza sin considerar la afectación que esta puede llegar a tener en el erario público [sic] y sin atender a los dispuesto en el artículo 179 de la Constitución”, dice en el veto.
El veto también reclama a los diputados por qué incluyen a exempleados liquidados en el proceso de cierre desde 1991 y hasta 1995, tomando en cuenta a personas que dejaron el Incofer por razones diferentes al cierre técnico.
El Gobierno envió al Congreso una redacción diferente del plan para excluir a todos aquellos funcionarios que salieron del Incofer por despido por causa justa, renuncia, traslado o movilidad laboral.