El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, alegó que, cuando el mandatario Rodrigo Chaves habló de que quería algunos cariñitos y chineos, se refería a un pedido de recursos para remodelar las instalaciones dentro de Casa Presidencial para los escoltas presidenciales.
Sin embargo, “el montón de antojos” se los pidió al productor audiovisual Christian Bulgarelli, quien a la postre obtuvo un contrato de $300.000 para ofrecer servicios de comunicación.
En esa contratación, la cual se financió con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), no se incluyó ninguna remodelación de inmuebles y tampoco la empresa de Bulgarelli se dedica a la construcción.
Por el contrario, el acuerdo contractual consistió en una “consultoría estratégica” para la Presidencia de la República y, entre otras cosas, la “producción de mensajes y el análisis de tendencias de opinión”.
Además, los “cariñitos y chineos” los pidió en el contexto de una reunión de estrategia con su equipo de comunicación, donde no se habló de otra temática más que de la contratación con el BCIE por servicios de comunicación.
La contratación a la que se refirió Rodríguez es otra.
El $1 millón que donó el BCIE al gobierno se distribuyó así: primero, $300.000 se destinaron a la estrategia de comunicación.
Otros $300.000 se dirigieron a fortalecer el sistema de ciberseguridad, $150.000 para realizar un análisis sobre la problemática de las pensiones de lujo, $50.000 para gastos de supervisión y auditoría, y los otros $200.000 a realizar mejoras en las condiciones de salubridad de Casa Presidencial.
Esta última fue una contratación distinta a la que se le adjudicó a Bulgarelli.
Desde el 21 de agosto, La Nación pidió a la Presidencia, a través de su oficina de prensa, información sobre esas remodelaciones; no obstante, a la fecha sigue sin obtener una respuesta.
En específico, se solicitó indicar en qué se está utilizando ese $1 millón brindado por el BCIE, así como detallar el nombre de cada proyecto, servicios o bienes contratados, montos destinados para cada proyecto y contratistas adjudicados, junto con la documentación respectiva.
Reunión con equipo de comunicación
En esa reunión del 3 de agosto del 2022 participaron, además del presidente; Patricia Navarro, entonces ministra de Comunicación; Jorge Rodríguez, otrora jefe de despacho presidencial; y Christian Bulgarelli, productor audiovisual.
Durante ese encuentro, el mandatario dijo: “Nada más quiero que el señor me deje ver el contrato y…, tal vez pedir un par de chineos, de cariñitos”.
De previo, había preguntado si se contratarían el servicio de tracking, que se refiere a la medición del comportamiento de usuarios en redes sociales. Bulgarelli le respondió afirmativamente y le dijo que eso también lo haría su empresa. “No vamos a darle nada a nadie”, añadió.
En esa misma reunión Jorge Rodríguez agregó que “las tres patas del banco están funcionando como corresponde”, a lo cual Chaves reiteró que deseaba ver el contrato, e indicó que tenía “un montón de antojos de muchas cosas”.
En reiterada ocasiones, este diario ha solicitado reacciones sobre los hechos revelados por Navarro y la respuesta siempre fue la misma: “Este tema, como se anunció en la comisión legislativa, está bajo investigación ante una instancia judicial, por lo tanto en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, no se pueden brindar detalles”.
Este lunes, el ministro de Comunicación informó de que presentaría una demanda contra la exministra Navarro y contra el periódico La Nación, por la difusión de los audios de Presidencia.
Rodríguez Vives indicó que las conversaciones reveladas por este medio eran de carácter privado, y que La Nación era “cómplice de un delito penal” al publicarlas.
En octubre pasado, Christian Bulgarelli admitió que redactó los requisitos del contrato que el BCIE sacó a licitación pública internacional, para proveer servicios de comunicación a Casa Presidencial por un monto de $300.000, y que finalmente fue adjudicado a su empresa RMC La Productora S. A., cuyo nombre comercial es Nocaut.