En plena vía pública, la Policía de Tránsito le quitó su vehículo a la diputada Kattia Cambronero Aguiluz, del Partido Liberal Progresista (PLP), este martes por la mañana, para hacer cumplir una orden judicial de embargo que pesaba sobre el automóvil.
El hecho ocurrió en la ruta 27 y el carro es modelo Hyundai Tucson.
Así lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, ante consulta de La Nación. También, las autoridades informaron de que la congresista se habría negado a entregar el vehículo, pese a la orden judicial, por lo que Tránsito tuvo que solicitar apoyo de parte de la Fuerza Pública.
“Policía de Tránsito aborda a la persona y le muestra una orden de embargo sobre el vehículo que conduce. La mujer se niega, en apariencia, al cumplimiento de la medida judicial”, informó Seguridad Pública.
Al llegar los oficiales al lugar, se encargaron “únicamente de velar por la seguridad, tanto de los tráficos como de la señora diputada”. Además, Seguridad Pública informó de que la Policía de Tránsito coordinó con autoridades judiciales para el cumplimiento de la orden judicial de embargo.
Cambronero, de 51 años, es administradora de Empresas con énfasis en Mercadeo, y llegó al Congreso como el segundo lugar por San José, en la papeleta del PLP.
Diputada alega que ‘solo debía una cuota’
A la 1:22 p. m. de este martes, cuatro horas después del hecho, la congresista envió declaraciones al chat de la fracción del PLP, donde alegó que se le retuvo de “manera autoritaria” y criticó que, aunque el oficial de Tránsito le informó de que se debía a un embargo, “no se contaba con la presencia de un juez, como corresponde por ley”.
“La diputada debía una cuota del financiamiento de su vehículo con Grupo Q, que ya fue saldada”, dice el comunicado de Cambronero.
Alegó que eso “puede sucederle a cualquier costarricense” porque se atrasó “unos días en el pago que venció el 1.º de mayo”. Según ella, una cuota no debería ser razón para que a un costarricense “lo retengan de manera violenta, por dos horas, con una dudosa actuación por parte del oficial de Tránsito, sin entregar una copia de la orden de embargo y sin presencia del juez”.
Cambronero aseguró que sufrió forcejeo por parte de los cobradores que acompañaban al oficial de Tránsito y afirmó que hubo contacto físico.
“A mí como ciudadana me preocupan estas formas de cobrar deudas, coartando el derecho al libre tránsito de las personas, con violencia y matonismo, insisto, de manera ilegal, porque no hubo juez que practicara el embargo. Nunca vi el presunto papel de notificación judicial y fui retenida de manera improcedente. Con estos argumentos y formas, lamento también que miles de costarricenses atraviesen esta situación donde los acreedores utilizan maneras abusivas para reclamar el retraso en el pago de deudas”, alegó.
Cambronero dijo que la Fuerza Pública se presentó a solicitud de las personas que la acompañaban en el vehículo, entre ellas su hija. No obstante, Seguridad Pública había dicho más temprano que su presencia se dio ante la negativa de la diputada al cumplimiento de la medida judicial.
‘Hay una orden de captura’
Por su parte, el director de la Policía de Tránsito, Alexánder Solano, informó de que existía una orden de captura y que eso los obliga a ellos a proceder como dice la ley, porque de no hacerlo se les acusaría de incumplimiento de labores.
“Cuando se trata de esos temas, hay disponible una denuncia y cuando hay una denuncia, puede estar el usuario presente o puede ser que ingrese vía 9-1-1. Si hay un compañero en carretera, en ese momento tiene que ver cómo detiene ese vehículo, verifica, se trae por competencias, donde se ve que hay una orden de captura expedida por un juez de la República y entonces se hace todo el procedimiento; nosotros manejamos un protocolo para hacer esos abordajes”, detalló Solano.
El jerarca negó que se hubiera retenido de alguna forma a la señora, sino que se detuvo el vehículo y agregó que, a pesar de la investidura que ella tenga como congresista, “a ella no se le está tocando, sino al vehículo, al que no cubre la investidura”.
El artículo aplicado en este caso es el 14 de la ley 9078, Ley de tránsito por vías públicas terrestres. El último párrafo de ese artículo dice, precisamente, que las autoridades judiciales pueden solicitar cooperación de la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública para practicar un embargo.
“Cuando el vehículo sea detenido, las autoridades lo comunicarán de inmediato a la autoridad judicial y esta a las partes, con el fin de que se practique el embargo dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haya recibido la comunicación”, dice ese numeral.