Los diputados de Liberación Nacional (PLN) se muestran dudosos, en la comisión de Asuntos Económicos, ante una propuesta de ley para perdonar intereses y multas a los deudores de la CCSS con la condición de que se pongan al día con sus cuotas.
La iniciativa, presentada desde hace ocho meses por el legislador socialcristiano Pedro Muñoz, fue convocada por el Poder Ejecutivo en el actual periodo de sesiones extraordinarias, como parte de las medidas para combatir los efectos económicos por la pandemia del covid-19.
Sin embargo, los liberacionistas Roberto Thompson y Karine Niño, así como Daniel Ulate, quien aclaró que en este momento está separado de la fracción, plantearon inquietudes sobre el expediente, pese a que consideran que tiene buenas intenciones.
A su vez, el socialcristiano Pedro Muñoz afirmó que, ante el corto plazo para dictaminar la amnistía, los legisladores del PLN le solicitaron el miércoles que él, como proponente, le pidiera al gobierno desconvocarlo de la agenda legislativa.
“Yo acepté que no se votara el dictamen, pero les dije no sólo que no le pediría al Ejecutivo que lo desconvocara, sino que le pediría al Ejecutivo que lo mantuviera convocado para que se votara la semana entrante. Que cada diputado asumiera la próxima semana la responsabilidad con su conciencia”, aseveró el socialcristiano.
Tanto Thompson, como Niño y Ulate descartaron que le hayan propuesto a Muñoz que retirara el texto sustitutivo, como una forma de sacarlo de agenda.
Por separado, aclararon que el planteamiento surgió en la comisión debido a que el 25 de marzo se cumple el plazo máximo para dictaminar, lo cual era una preocupación del proponente, por lo cual urgió que fuera dictaminado el mismo miércoles.
“Se le mencionó a don Pedro poder pedir la desconvocatoria, pero en el entendido de que (se hiciera para que) no se venciera el plazo porque estamos con el proyecto”, explicó Niño.
En tanto, Silvia Hernández y Jorge Luis Fonseca, jefa y subjefe de fracción del PLN, respectivamente, afirmaron que el tema no ha sido discutido a lo interno de la bancada.
En el caso de Silvia Hernández, dice que el proyecto es bien recibido. “Lo primero es la salud y lo segundo la economía. Debemos tomar medidas que ayuden sin debilitar una u otra”, añadió la jefa verdiblanca.
Sin embargo, Thompson, presidente de la comisión de Asuntos Económicos, indicó: “Yo creo que aquí todos estamos absolutamente claros que tenemos que proteger la seguridad social, hay que fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y me parece que desde ese punto de vista todo lo que asegure el ingreso de recursos frescos también es importante”.
“Me parece que lo importante es verlo en detalle porque estamos hablando de condonación y al hablar de condonación, estamos perdonando una serie de recursos. Yo no digo que eso no se puede hacer, se ha hecho en otras oportunidades”, añadió.
Añadió que la Caja debe de tomar una decisión. “Yo creo que la misma Caja, el mismo gobierno, han planteado la necesidad de tomar algunas decisiones que tengan que ver con flexibilizar la necesidad de formalización de muchísima gente que está hoy en la informalidad”, expuso Thompson.
El texto de Muñoz sufrió una variación el pasado miércoles. Mediante moción de fondo de texto sustitutivo acogido ese día por la comisión legislativa.
Ahora, el plan de amnistía consiste en establecer una autorización a la CCSS para condenar multas e intereses a trabajadores independientes, asegurados voluntarios y patronos, siempre y cuando los deudores se pongan al día en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la ley.
En el caso de los independientes, también existiría la posibilidad de perdonar una parte del principal adeudado.
La posibilidad de que la institución aplique el texto quedaría a criterio de la Junta Directiva y no será una obligación de ley.
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La diputada Niño, por su parte, explicó que al haber sido parte del sector privado, antes de legislar, conoce de la dificultades que afronta el sector emprendedor con el pago de las cargas sociales.
No obstante, la congresista se mostró en en la misma línea de la ministra de Trabajo, Geaninna Dinarte, quien el miércoles afirmó que el Poder Ejecutivo respalda un texto que solo condone intereses o moras y no montos principales.
Con ello, según Dinarte, se les estaría dando la posibilidad para que el sector informal se regularice.
Ulate fue más directo: “Creo que la propuesta planteada por el diputado Muñoz es buena. Sin embargo, hay aspectos que consideramos de parte de la comisión. Hay un plazo muy corto (para dictaminar) que está por vencerse el 25 de marzo y esa es una de las preocupaciones que se hablaron a nivel de, digamos, fuera de sesión de trabajo".
Añadió que, para avanzar con el texto, se requiere de estudios técnicos. “Si bien es cierto, esa amnistía se pudiera dar tal a como está planteada en este momento, puede ser que esto genere un hueco financiero a nivel de la institución”, consideró.
Thompson indicó que, como suele ocurrir cuando se acoge en comisión, cuando se acoge un texto sustitutivo, desde el miércoles de esta semana se está consultando la iniciativa con diferentes institutiones, incluida la Caja.
La idea es que la próxima semana, una vez que finalicen las consultas, el texto sea sometido a votación en Asuntos Económicos, según añadió el legislador.
La amnistía que propone la iniciativa de ley aplicaría de la siguiente manera:
Para trabajadores independientes:
-Se les perdonarían todas las cuotas por concepto de Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), tanto la deuda principal como los intereses, multas y sanciones producto de esta.
-Sí tendrían que cancelar las cotizaciones por la deuda principal del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Sobre este monto se haría el arreglo de pago.
-No obstante, las multas, intereses y sanciones generados por la deuda principal del IVM no serían cobrados.
-Si el trabajador independiente tiene deudas más antiguas a los cuatro años, los pagos que se hubieran acumulado antes de ese tiempo se les perdonan por completo. Es decir, de cuatro años hacia atrás, se les exime de cancelar la deuda principal y los intereses por seguro de enfermedad y maternidad e IVM.
Los porcentajes de cotización de los trabajadores independientes se calculan según su nivel de ingresos, con base en la siguiente tabla, actualizada al 17 de marzo del 2020:
Para patronos:
-Tendrían que llegar a un arreglo de pago sobre las cuotas que adeuden por el seguro de salud, el IMV y los rubros contempleados en la Ley de Protección al Trabajador: aportes al Fondo de Capitalización Laboral, Régimen Obligatorio de Pensiones y aporte patronal al Banco Popular.
-Lo que se les perdonarían son las multas, intereses y sanciones producto del impago.
-Para ellos, no aplicaría la condonación de la deuda por más de cuatro años, pues los derechos del trabajador son irrenunciables.
-Lo que sí rige para los patronos es el plazo de cinco años para el arreglo de pago.
-Además, se les perdonaría toda la deuda, tanto la principal como los intereses, multas y sanciones, de las otras cargas no asociadas con el trabajador. Estas son los porcentajes que deben destinar a las leyes del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), del 0,50%; al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), del 5%; al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), del 1,5%, y al Banco Popular, de un 0,25%.
Para asegurados voluntarios:
-Sí se les cobraría la deuda principal. Se les perdonarían intereses, multas y sanciones.
-Para ellos no aplicaría el no cobro por más de cuatro años de deuda.