El Partido Liberación Nacional (PLN) descarta apoyar la nueva iniciativa del Gobierno para vender el Banco de Costa Rica (BCR) y sus empresas subsidiarias, con el fin de obtener recursos para amortizar la deuda pública.
Para concretar la subasta del banco se requiere del apoyo de 38 de los 57 diputados, según el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. El PLN cuenta con 19 legisladores.
Según el jefe de bancada del PLN, Oscar Izquierdo, el plan podría chocar con la Constitución Política porque permitiría que el Ministerio de Hacienda determine, mediante resolución administrativa, la forma en que se venderán las acciones que no se subasten en un plazo de un año.
“Implica darle un cheque en blanco al ministro de Hacienda (Nogui Acosta), lo cual nos preocupa porque el ministro ha generado desconfianza al no decir la verdad en algunos casos”, argumentó Izquierdo.
Según el proyecto de ley, Hacienda deberá vender el 51% de las acciones del BCR en seis meses, el 25% en los siguientes tres meses y el 24% restante en los tres meses subsiguientes. En caso de que no se concrete la venta de todas las acciones, Hacienda determinará la venta en los plazos y cantidades que considere convenientes.
Esta segunda versión otorgaría la rectoría del proceso de venta del banco al Ministerio de Hacienda y otorgaría al jerarca la facultad de contratar a la firma asesora especializada que colaboraría en la subasta con base en recomendación de un comité técnico.
El jefe del PLN explicó que otra de las razones para oponerse a este nuevo texto es la eliminación de las cargas parafiscales a favor de las instituciones.
En particular, el artículo 23 de la iniciativa deroga el aporte del 3% de las utilidades netas del BCR a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el 10% al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y el 15% al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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Aunque el plan propone destinar un 5% de los recursos de la venta del banco para crear un fondo social administrado por Hacienda, que gire recursos a estas tres instituciones bajo la modalidad de presupuesto por resultados con programas específicos, Izquierdo advierte que ese dinero es limitado y podría afectar seriamente a las instituciones, especialmente a la CCSS.
Hacienda se abre a la discusión
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, respondió que el proceso de socialización del texto durante dos semanas se realizó con el propósito de recibir observaciones y comentarios de los diputados.
“Vamos a recibir todas las observaciones y posteriormente incorporaremos las que sean pertinentes para mejorar el texto. Las dudas planteadas deberían resolverse durante el debate del proyecto”, afirmó el ministro.
PLP y PUSC plantean dudas
Las bancadas de los partidos Liberal Progresista (PLP) y Unidad Social Cristiana (PUSC) expresaron sus inquietudes respecto al proyecto de venta del Banco de Costa Rica (BCR), aunque admiten que apenas están comenzando a analizarlo.
Eli Feinzaig, vocero del PLP, advirtió que su partido no apoyará la venta del BCR si el proyecto no logra mejorar el mercado financiero costarricense. Según el legislador, la venta debería realizarse a un banco internacional de primer nivel que no tenga presencia en el país, con el fin de generar mayor competencia y reducir los márgenes de intermediación y las tasas de interés.
“Si la venta es solo un esfuerzo para conseguir dinero para amortizar la deuda pública sin considerar los efectos en el mercado, no podremos respaldarla o tendríamos que proponer modificaciones”, adelantó Feinzaig.
Por su parte, Alejandro Pacheco, jefe del PUSC, aseguró que su partido no dará un cheque en blanco al Gobierno. Antes de apoyar la transacción, la fracción socialcristiana revisará si es realmente necesaria para el pago de la deuda y la reducción del déficit fiscal, o si los recursos pueden ser generados mediante la recaudación.
“También, debemos considerar si es más beneficioso mantener el banco operando como lo ha hecho históricamente, con contribuciones de sus ganancias a proyectos sociales. Es un banco que ha funcionado bien”, analizó Pacheco.
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El PUSC ya había objetado la primera propuesta del Gobierno, rechazada por la mayoría de la comisión de Económicos, argumentando que el precio estimado de $1.785 millones representaba menos del 3% del pago de intereses de la deuda pública, por lo que sería insuficiente para tener un impacto significativo en la reducción de la deuda.
También, los rojiazules señalaron que la iniciativa no contemplaba qué sucedería con los 4.300 funcionarios de la institución, entre otras críticas.
En contraste, Pilar Cisneros, vocera de la bancada de gobierno, defendió el proyecto como una manera de reducir la deuda pública de manera significativa. “Con la venta del BCR, se le metería un buen mordisco a la deuda pública. Ya no tendríamos que destinar hasta el 47% del presupuesto de la República para el servicio de la deuda”, aseguró.
Cisneros considera que la nueva propuesta es más simplificada y transparente, al crear un comité técnico y un comité decisorio que apoyarían a Hacienda en el proceso.
Ante las divergencias de opinión en las bancadas, Cisneros retó a aquellos que se oponen a la venta del BCR a presentar una alternativa para abordar la abultada deuda pública del país.