El PLN le exigió al Gobierno cerrar cinco investigaciones sobre anomalías en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), contra simpatizantes de esa agrupación política.
Así consta en una carta que el pasado 2 de octubre le dirigió el jefe de la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN), Juan Luis Jiménez Succar, al ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez.
En la nota, con el oficio JF-PLN-150-2014, Jiménez asegura que los funcionarios aludidos son víctimas de persecución por no tener afinidad política con el actual gobierno.
Además del cierre de los procesos disciplinarios, Liberación exige que se devuelva a los funcionarios a los cargos que tenían antes de la apertura de las pesquisas o que los asignen en puestos específicos del MAG.
Los liberacionistas amenazan con que si no se archivan esos cinco casos y los de otros 25 funcionarios de otros ministerios o instituciones de los que también tienen conocimiento, no permitirán la aprobación del Segundo Presupuesto Extraordinario del 2014, por ¢21.000 millones, para el cierre del año.
Los casos. El primer caso denunciado por Jiménez es el de Grace Carmiol González, excoordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional Río Sixaola, separada por presuntas irregularidades.
Según el ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, se abrió la investigación a raíz de una queja del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que financió el programa.
“Ella ya está de vuelta en su cargo (en propiedad). Ella tendrá la oportunidad de hacer los descargos. Creo que Jiménez Succar no les hace favor alguno porque les quita la posibilidad de demostrar que no hay irregularidades”, dijo Arauz.
En el caso de Rolando Sánchez Corrales, director de Recursos Humanos del MAG, fue suspendido del cargo y se le impusieron medidas cautelares.
Sobre este asunto, el viceministro de Agricultura y Ganadería, José Joaquín Salazar, explicó que durante cuatro años hubo 183 funcionarios nombrados de forma interina, sin que llegaran las ternas de la Dirección General del Servicio Civil para hacer los nombramientos, pese a que había gente que hizo el examen para optar por un puesto en el MAG.
Según Salazar, el órgano director que realiza el proceso de Sánchez se hizo por recomendación de la Auditoría del Servicio Civil.
Gerardo Zúñiga, de esa dependencia, manifestó que se habla de posibles anomalías en la gestión de Sánchez. Aseguró que deben verificar si hubo algún delito y si hay otros involucrados.
El abogado Luis Dobles, quien defiende a Carmiol y Sánchez, alegó que nunca hubo, respectivamente, una recomendación del BID ni del Servicio Civil que justificara la suspensión y las medidas cautelares.
“Llama la atención que se hagan señalamientos sobre funcionarios que podrían tener ciertos matices, como se ha dicho en el control político del PLN”, dijo.
De los tres casos restantes, dos se refieren a directores regionales removidos de esas funciones y devueltos a sus plazas en propiedad. Se trata de Eduardo Artavia Lobo, exdirector de la Región Caribe, y Dagoberto Elizondo Valverde, de la Central.
El último es Érick Quirós Quirós, director de Extensión Agropecuaria hasta diciembre pasado, a quien supuestamente se le han quitado, verbalmente, responsabilidades.
El jefe del PLN solicitó, en estos tres casos que, primero, se evite cualquier persecución y, además, se frenen los procesos.
Tanto Arauz como Salazar insisten en que, legalmente, no procede archivar los procesos administrativos. Jiménez adujo que los jerarcas sí tienen la potestad de frenar las investigaciones.