La fracción del PLN se niega, de entrada, a aportar sus 18 votos para darle vía rápida al plan fiscal del Gobierno y sus voceros alegan que solamente lo evaluarían si se conjugan varias decisiones: la principal es que el Poder Ejecutivo divida la reforma fiscal y que se comprometa a reducir fuertemente el gasto en propaganda.
Para este momento, cuando la Presidencia solicita una definición de las fracciones legislativas con plazo al 31 de agosto, los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) no ven esa posibilidad y argumentan que no existen las condiciones en el ambiente parlamentario.
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La jefa de la fracción verdiblanca, Karla Prendas, alega que se unirían a un acuerdo en el que entren todos los partidos políticos, cosa prácticamente imposible considerando que fracciones como la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Movimiento Libertario se oponen a los impuestos y el Frente Amplio se niega a dejar pasar una reforma al empleo público tal como la quieren sus oponentes.
La única luz de esperanza para un eventual avance de la reforma fiscal como la pide el Gobierno sale de la boca del subjefe liberacionista, Olivier Jiménez, quien dice que Liberación "ayuda un poco al Ejecutivo, siempre y cuando baje un poco el gasto en propaganda".
El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, y el jerarca de Hacienda, Helio Fallas, pidieron a los jefes de las fracciones legislativas, el jueves pasado, analizar si se pueden reunir los 38 votos para darle un trámite abreviado a un plan fiscal que incluye reformas para la responsabilidad fiscal, límites a los pluses salariales y reformas a los principales impuestos: la transformación del impuesto de ventas en un tributo sobre el valor agregado y los cambios al cobro sobre la renta.
Los socialcristianos y los libertarios le cerraron la puerta a esa petición de la Casa Presidencial, de una vez, mientras que Liberación y el Frente Amplio, las otras dos bancadas grandes, analizan sus condiciones para ponerle al Gobierno sus votos.
"Es muy prematuro, imposible en la realidad política hablar, tanto por el contenido, que no tiene todavía unificaciones de fracciones en un solo acuerdo, ni por los acuerdos para agilizar un proceso en la Asamblea, hablar de darle 208 bis, eso no es una posibilidad en este momento", explicó Karla Prendas.
Tampoco lo ve la presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, quien añadió que no se puede "respaldar algo que no hay acuerdo de todas las fuerzas políticas" y alegó también que no es una sola bancada la que define la posibilidad de una vía rápida, pues añadió que es Zapote el que debe buscar ese acuerdo.
Además, Liberación alega que los voceros del Ministerio de la Presidencia los tienen que buscar como una bancada, individualmente. Ramírez dice que eso aún no ha sucedido.
La presidenta de Hacendarios también sentenció: "primero en gasto y por otro lado ingreso, pero con los temas en que realmente coincidimos todas las fracciones".
PLN quiere anular propaganda de Zapote
En seis semanas empezará a regir la prohibición legal de que el Gobierno pague publicidad sobre sus logros en medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, Liberación Nacional insiste en que el apoyo verdiblanco pasa por renunciar a los gastos en propaganda y comunicación de logros.
Aunque los aires electorales envuelven claramente la petición, el diputado Rolando González alegó que, "indistintamente de a quién le convenga la medida", se trata de una petición que apela a los códigos más básicos del Partido Acción Ciudadana (PAC) en lo que respecta a gastos de publicidad.
Es más, González aduce que la prohibición impuesta por las leyes electorales para la publicidad del Gobierno no tiene una incidencia en la propaganda que Zapote pueda colocar en redes sociales, donde los alcances de la prohibición son más difusos.
Pero González no sabe ni cree que pueda calcular cuánto significa eso en dinero; a su lado, Olivier Jiménez, también del PLN expone que, para el 2016, la administración de Luis Guillermo Solís presupuestó más de ¢8.000 millones para publicidad y que eso es "excesivo".
El 'casibloque' del PAC
Como es usual en la fracción legislativa de Acción Ciudadana, tampoco para tramitar el plan fiscal del Gobierno se logran unir los 13 diputados, pues uno de ellos está en contra del plan fiscal del presidente Luis Guillermo Solís, específicamente en los aspectos relacionados con la reforma al empleo público: Marvin Atencio.
"Hay proyectos que hay que se tienen que analizar diferente, sobre todo la parte de empleo público, las anualidades y otras variables que son fruto de años de lucha de los diferentes grupos de trabajadores y han venido a estabilizar un poquito los salarios. Aunque yo no estoy de acuerdo con los abusos, porque hay que bajar las anualidades a un 2,5% o un 3%, pero eso no se puede analizar con vía rápida, sino por la vía ordinaria", comentó Atencio.
Franklin Corella, legislador del PAC, apuntó que aún no se ha realizado, en el seno de la bancada oficialista, un análisis profundo del borrador de iniciativa fiscal del Gobierno.
"La vía rápida, en mi opinión, en este momento es la única vía que podemos usar para dar una respuesta
responsable al país. Puede ser una propuesta integral o, a lo sumo, en dos proyectos, tal como lo presentó el Ejecutivo. Yo estoy respaldando la vía rápida", comentó Víctor Hugo Morales Zapata, el diputado de gobierno más cercano al presidente Solís.