La fracción del PLN discute desde este mediodía la posición que tomará sobre la reforma procesal laboral, en momentos en que está por discutirse una moción para extender por cuatro años la vida de esa iniciativa de ley.
Los legisladores liberacionistas tienen en la reunión de la fracción al excandidato presidencial Johnny Araya y a varios representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), para discutir la ruta por tomar.
Mientras tanto, el Frente Amplio presiona al presidente de la República Luis Guillermo Solís para que anule el veto presidencial de Laura Chinchilla sobre ese proyecto.
El plazo cuatrienal de discusión de la reforma se vence el 13 de diciembre, por lo que el Frente Amplio exige que el oficialismo tome una decisión esta misma semana. “De lo contrario, se termina esta alianza con el Partido Acción Ciudadana”, dijo el jefe del FA, Gerardo Vargas.
Por eso, el Gobierno busca los 38 votos necesarios para extender dicho plazo y darle oxígeno a la discusión legislativa.
La reforma procesal laboral establece la agilidad de los juicios laborales mediante el uso de la vía oral en los trámites. Sin embargo, Chinchilla la vetó porque también legalizaría las huelgas en los servicios públicos esenciales, como salud, policía y otros.
Ese punto es objetado por el Partido Liberación Nacional (PLN). De hecho, la exministra de Trabajo de Chinchilla que avaló el veto al proyecto es ahora diputada de este partido, Sandra Piszk.
Las reunión de los liberacionistas lleva ya más de tres horas y media y podría continuar durante recesos a la hora de la sesión del plenario del Congreso.