El Partido Liberación Nacional (PLN) se niega a dar sus 18 votos para extender por cuatro años la discusión del proyecto 18.148, Ley de Territorios Costeros Comunitarios, propuesto por el Frente Amplio (FA).
Con ello, Liberación decretaría el entierro de la iniciativa legal, que necesita 38 votos de los 57 diputados para continuar su trámite en el Congreso, hasta una eventual aprobación.
El debate sobre esta iniciativa de ley se ha vuelto polémico, en el marco de la negociación entre los jefes de las nueve fracciones políticas para prolongar los periodos cuatrienales de 80 expedientes legislativos.
Al plan sobre los pueblos costeros se le venció su primer plazo cuatrienal el 9 de junio, pero antes se presentó una moción para extender ese periodo, la cual fue rechazada.
El proyecto todavía no se sepulta, porque el Frente Amplio lo rescató con una moción de revisión, la cual evitó el archivo definitivo.
Antonio Álvarez explicó que el PLN aprobó un acuerdo interno –17 votos contra uno–, para no darle nueva vida a la propuesta frenteamplista.
“Sentimos que los proyectos ya aprobados vienen a integrar el ordenamiento jurídico para la situación de los territorios costeros y la zona marítimo-terrestre”, dijo el legislador.
El jefe de la fracción del Frente Amplio, Gerardo Vargas, aseguró que Liberación dio la sorpresa en la negociación sobre las 80 iniciativas, por su oposición al plan que se conoce popularmente como Tecocos. “El PLN rompió el acuerdo de los jefes de fracción, hoy (ayer jueves) volvimos a insistir en que era un acuerdo que ya teníamos”, dijo.
Tierra común. La iniciativa, presentada por el exdiputado José María Villalta, con el apoyo de excongresistas del Movimiento Libertario, el Partido Acción Ciudadana y la Unidad Social Cristiana, plantea la creación de 64 zonas bajo un régimen de protección especial.
En el plan se faculta a las municipalidades a otorgar una concesión de tierra de 1.500 metros cuadrados por familia en un territorio costero o hasta 3.000 metros cuadrados a asociaciones, cooperativas, instituciones del Estado o juntas religiosas.
Dicha iniciativa también exige que cada poblador haya vivido por 10 años en un pueblo costero antes de la entrada en vigencia de la ley, para poder acceder a la concesión de la tierras.