Aarón Sequeira.   29 julio
Carlos Ricardo Benavides, presidente legislativo, lidera las negociaciones con sindicatos. En la imagen, conversa con Victor Morales Mora, jefe del PAC. Foto: Rafael Pacheco

Con 40 votos a favor, el plenario de la Asamblea Legislativa aceptó darle una prórroga a la Comisión Especial sobre Huelgas para que dictamine el proyecto de ley que pretende regular ese tipo de manifestaciones en el país y evitar los abusos.

Aunque el plazo para dictaminar la iniciativa legal se vencía este lunes 29 de julio, la falta de acuerdo en las negociaciones entre diputados y sindicalistas obligaron a postergar por 10 días la votación de la iniciativa en la comisión especial.

Se trata del expediente 21.049, Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. El proyecto se tramita por la vía rápida y, pese a que se cumplía el plazo para dictaminar, el procedimiento le permitía al foro postergar el dictamen hasta que se debatieran todas las mociones de fondo.

Los legisladores optaron por tener 10 días naturales más y finalmente tratar de consolidar un acuerdo con los sindicatos magisteriales.

Este lunes, de hecho, los congresistas evaluaron la solicitud de los gremios de sacar los servicios educativos de la lista de servicios esenciales, o sea, aquellos donde se prohíben las huelgas.

Con esa decisión, se avalarían las huelgas de docentes, pero se definiría la educación como un servicio de importancia trascendental. Eso significa que, para permitir las huelgas en ese sector, los empleados tendrían que asegurar un esquema de prestación mínima y un plazo específico para el movimiento.

Esa negociación afectaría a otro proyecto de ley, el de la liberacionista Yorleny León, para definir una lista de los servicios esenciales. Sin embargo, el tema ha sido parte de la negocación del proyecto de Carlos Ricardo Benavides para regular las huelgas.

La discusión en el expediente de Benavides radica en la conceptualización de las huelgas contra políticas públicas, las cuales quedarían expresamente prohibidas.

En ese caso, se busca definir si se permiten las huelgas contra políticas públicas y, si así fuera, bajo qué parámetros podrían darse. Con la moción aprobada de forma unánime, el nuevo plazo para que la Comisión Especial sobre Huelgas es el 9 de agosto.