El plenario legislativo duraría más de tres semanas discutiendo el proyecto de reforma al proyecto de empleo público, si al menos 10 de los diputados que más mociones le presentaron al texto, en las etapas previas, deciden reiterarlas.
Ellos son José María Villalta, del Frente Amplio (FA); Paola Vega y Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Rodolfo Peña, Pablo Heriberto Abarca, Shirley Díaz, Aracelly Salas y Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN); y el independiente Dragos Dolanescu.
La reforma al empleo público eliminaría el sistema de pluses salariales que ha desordenado las remuneraciones en el sector público, y lo sustituiría por un esquema de salario global, en el que no existan los incentivos que crecen por factores como la antigüedad de los funcionarios.
Este grupo de diez legisladores tiene la opción de reiterar 370 de las 629 mociones de cambio que fueron rechazadas durante la discusión del proyecto en comisión, y que pueden reiterarse en el plenario, según una revisión realizada por La Nación.
El artículo 138 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que, por cada moción, el plenario debe dedicar hasta 15 minutos de discusión: cinco minutos para el proponente, cinco minutos cada un congresista que se muestre a favor y cinco minutos para otro en contra.
Bajo ese esquema, las 370 iniciativas podría conllevar hasta 5.550 minutos de discusión equivalentes a 92 horas y 20 minutos.
El plenario legislativo aprobó que, la próxima semana, sesionará 28 horas para discutir este proyecto, con sesiones que se extenderán de 9:15 a. m. a 6 p. m. de lunes a jueves.
Si el plenario mantiene ese ritmo de trabajo, la discusión de las 370 mociones tomaría tres semanas y dos días.
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Tomando en cuenta que la discusión empezará la próxima semana y que los legisladores tendrán receso en Semana Santa, la discusión de mociones en plenario terminaría en la semana que empieza el 18 de abril, bajo ese panorama, para dar paso al primer debate.
Luego, el plan iría a consulta de la Sala IV, para lo cual los magistrados tienen un plazo de al menos 30 días. Con ello, si el Tribunal constitucional no encuentra vicios severos en el trámite del proyecto, el segundo debate quedaría para mediados de mayo.
No obstante, el tiempo de trabajo podría ser mayor si a estas 370 mociones se suman, por ejemplo, otras 74 de la liberacionista Karine Niño y 19 de la también verdiblanca Franggi Nicolás.
Discutir un total de 480 mociones demandaría hasta 7.200 minutos de discusión equivalentes 120 horas.
Con el ritmo de trabajo de 28 horas semanales, esa avalancha de mociones demandaría al menos cuatro semanas y dos días.
Al cierre de este martes, ya los diputados habían reiterado 134 mociones y todavía tienen todo el miércoles para reiterar más.
Para identificar las mociones con mayor posibilidad de ser reiteradas en plenario La Nación revisó las 775 propuestas que los diputados presentaron en dos días de ajuste al proyecto en la comisión de Gobierno y Administración.
De estas se aprobaron 146, por lo que quedan 629 rechazadas con posibilidad de volverse a presentar.
Luego, se identificaron las mociones de los legisladores que más oposición han planteado al proyecto.
El frenteamplista José María Villalta es el que tiene más mociones, con 106, seguido por la rojiamarilla Paola Vega con 89. Ambos repiten propuestas para reafirmar la exclusión de las universidades públicas o de otras instituciones como el Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las municipalidades.
También, ambos tienen propuestas contra la objeción de conciencia que se introdujo en el plan o eliminar los 500 litros de combustibles que mensualmente se otorga con presupuesto de la Asamblea a los diputados.
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Walter Muñoz, del PIN, tiene 81 iniciativas y también plantea exclusiones. El independiente Dragos Dolanescu tiene firmas en 27 iniciativas, Karine Niño en 74 y Franggi Nicolás en 19.
Niño también plantea excluir principalmente a las universidades. Muchas de sus redacciones son idénticas entre sí y a las de Vega. Ella dice que no ha definido cuántas va a presentar en el plenario.
Tanto José María Villalta como Paola Vega y Karine Niño, la socialcristiana Aracelly Salas y el independiente Dragos Dolanescu, pretenden excluir a las universidades, por ejemplo, a través de las diferentes opciones que plantea el proyecto, ya sea de los principios rectores del salario global o en la cobertura del salario global, así como en transitorios.
El PUSC también pretende otorgar un incremento salarial inmediato a unos 28.000 funcionarios públicos que quedarían por debajo del futuro salario global.
Welmer Ramos, del PAC, tiene posibilidad de reiterar 13 mociones que presentó a nivel individual. En una de ellas, pide que si un funcionario público es despedido, independiente de las razones, si es recontratado en la misma institución se le deberá asignar el último salario que obtuvo antes de ser cesado.
Previo al inicio de la discusión, la presidencia legislativa puede desechar las mociones que estén repetidas y ordenarlas de tal forma que se acepten solo las que cumplen el parámetro.
El plan de empleo público es prioridad del Gobierno por ser este parte del acuerdo de ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).