San José
El proyecto de “Ley de Extinción de Dominio” sería inconstitucional y violaría la Convención de la Protección de los Derechos Humanos, ratificada por Costa Rica, según el criterio del Colegio de Abogados de Costa Rica.
El plan pretende obligar a los ciudadanos a probar el origen legal de sus bienes al momento de que la Fiscalía Adjunta de Extinción de Dominio así lo requiera, tras abrir una investigación de oficio, o mediante una denuncia.
De no probarse el origen lícito de los bienes, el Estado procederá a incautarlos a sus propietarios por sospechas de lavado de dinero.
La iniciativa es impulsada por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y se tramita actualmente en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.
En contra. Ante ese panel compareció Juan Carlos Esquivel, miembro del Colegio de Abogados y presidente de la Comisión antilavado y anticorrupción de la Federación Interamericana de Abogados.
El jurista calificó como “inaceptable” que el plan busque que sean los ciudadanos los encargados de demostrar que sus bienes fueron adquiridos con recursos obtenidos legalmente.
Esquivel también afirmó que en el país no hay ninguna norma que obligue a los compradores a conservar los comprobantes de la adquisición de bienes, por lo cual el proyecto rozaría con la Constitución Política y con la Convención de Derechos Humanos.
Las observaciones no fueron bien recibidas por el director del ICD, Carlos Alvarado, quien afirmó que el proyecto se fundamenta en el debido proceso para determinar si procede la incautación de bienes de una persona.
“El proyecto es sólido y estamos seguros de su constitucionalidad. Esta no es materia penal (…). No puede existir propiedad si no hay causa lícita”, justificó el funcionario.
Alvarado indicó que el ICD está en la labor de explicar los alcances del proyecto que, enfatizó, no afectará a la ciudadanía en general, sino a aquellos individuos que adquieran bienes suntuosos y que no puedan probar poseer el patrimonio necesario para costearlos, siempre que así lo determine un juez de extinción de dominio.
“Le estamos haciendo frente al crimen organizado en circunstancias nunca vistas. Por eso es que necesitamos herramientas como las que nos daría este proyecto, las cuales han servido en países como Colombia, México, Honduras, Guatemala y El Salvador”, recalcó Carlos Alvarado.
Dudas. En tanto, los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración dividen criterios sobre la conveniencia de aprobar la iniciativa de ley.
Según Manrique Oviedo del Partido Acción Ciudadana (PAC), el plan es una necesidad ante la urgencia de que el país cuente con mejores mecanismos para combatir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
La legisladora Xinia Espinoza, del Partido Liberación Nacional (PLN), dijo que pese a los objetivos loables de la propuesta, aún falta camino por recorrer antes de determinar si es una alternativa viable en la práctica.