El proyecto de ley que legalizaría la producción de cannabis con fines medicinales, industriales y alimentarios le permitiría al Gobierno cobrar hasta $2,5 millones por una concesión para plantar, investigar y desarrollar productos de este tipo.
La iniciativa, que tuvo un avance considerable la semana pasada en la Asamblea Legislativa, restringiría el negocio a 228 concesiones para quienes paguen entre $5.000 y $2,5 millones (entre ¢2,9 millones y ¢1.450 millones), según el tipo de actividad que desarrollen.
Las licencias para explotar la planta de la marihuana fueron fijadas en el texto que acogieron el martes los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con tal de dictaminar el expediente y enviarlo a discusión en el plenario del Congreso.
Entre los cambios incluidos en el texto sustitutivo, están la eliminación de un instituto público del cannabis, así como la asignación de la rectoría y el control sobre la marihuana medicinal al Ministerio de Salud y el aumento del precio para las concesiones.
El diputado Marvin Atencio, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y principal promotor de la iniciativa, explicó que parte de la intención es aumentar los recursos que el Estado podría recibir por el precio de las concesiones y las licitaciones.
Según el oficialista, la iniciativa tiene el apoyo de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario (ML) y Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
Aunque en principio el Frente Amplio no presenta oposición a la iniciativa, la diputada Suray Carrillo interpuso mociones que frenaron su avance hacia la aprobación del dictamen, uno de los trámites finales en la Comisión de Jurídicos.
El proyecto permite la adjudicación de concesiones tipo A, B y C; licencias D, E y F, así como permisos para establecimientos farmacéuticos donde se puedan vender productos de tipo medicinal a base de cannabis.
| Tipo | Características | Cantidad | Costo unidad |
|---|---|---|---|
| Concesión A | 50% de producción nacional, empresa debe aportar seguro de caución, permite tener laboratorio y licencia para farmacia y autoriza exportación; solicitante debe demostrar capacidad financiera y presentar plan de inversión | 8 | $2,5 millones |
| Concesión B | 35% de producción nacional, no permite tener laboratorio, solo procesar flores y frutos de cannabis para vender al Ministerio de Salud o a concesionarios tipo A | 13 | $150.000 |
| Concesión C | 15% de producción nacional, deben producir en área inferior a concesionarios tipo B; no pueden tener laboratorio y solo producir cannabis medicinal en forma de flores y frutos para vender al Ministerio de Salud o a concesionarios tipo A | 21 | $75.000 |
| Licencia D | Para cultivar cáñamo industrial en área mayor a 10 hectáreas; licencia tiene validez de dos años, renovable por periodo igual; incluye permiso para generación de biocombustible | 34 | $30.000 |
| Licencia E | Para cultivar cáñamo industrial en área de entre 3,1 a 9,9 hectáreas; licencia tiene validez de dos años, renovable por periodo igual; incluye permiso para generación de biocombustible | 55 | $15.000 |
| Licencia F | Para cultivar cáñamo industrial en área de entre 1 y 3 hectáreas; licencia tiene validez de dos años, renovable por periodo igual; incluye permiso para generación de biocombustible | 89 | $5.000 |
| Licencia para farmacia | Licencia con validez de dos años, renovable por el mismo periodo; se verifican antecedentes penales de la persona; solo se da una licencia por persona física o jurídica; es para vender productos de marihuana medicinal | Una por cada concesionario tipo A | $50.000 |
La concesión más costosa es la del tipo A, la cual permite no solo cultivar cannabis y cáñamo, sino también desarrollar laboratorios para fitomejoramiento, reproducción o investigación de estas plantas, así como hacer establecimientos farmacéuticos y exportar productos manufacturados.
Por esta concesión del tipo A, de las que se pondrían ocho a disposición, el Estado podría cobrar $2,5 millones luego de una licitación en la que se cumpla con ciertos requisitos.
Entre esos requisitos, se tienen que verificar los antecedentes penales de los aplicantes y de los empleados; demostrar capacidad técnica y financiera, además de presentar un plan de inversión en infraestructura y el cronograma de desarrollo de la concesión.
Los concesionarios de tipo A tendrían el dominio sobre la mitad de la producción nacional de cannabis, pero al igual que todos los demás concesionarios, tendrían que venderle producto a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ante la demanda de medicamentos.
Las concesiones de tipo B y C no permiten a sus tenedores el establecimiento de laboratorios de investigación y tendrían que pagar al Estado, respectivamente, $150.000 o $75.000 por el derecho de producir flores y frutos de cannabis; eso sí, podrían venderle no solamente al Estado, sino también a los laboratorios de los concesionarios tipo A.
En cuanto a los poseedores de licencias D, E y F, ellos podrán sembrar y comercializar cáñamo con fines industriales o alimentarios.
Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, explicó la posición de su partido: "No nos oponemos al uso del cannabis medicinal. Nos oponemos a ese proyecto en particular que le daría un rango y protección legal a un cartel de ocho empresas, que son las que podrían pagar los $2,5 millones que costaría cada licencia. ¿A quiénes les van a montar ese negocio?".
El objetivo principal de la iniciativa legal, que se tramita bajo el expediente 19.256, es regular la plantación, el cultivo, la cosecha, así como la producción, elaboración, almacenamiento, distribución, industrialización, comercialización, exportación, transporte, expendio, uso y consumo de cannabis, sea del tipo indica, sativa y rudelaris, como de la planta de cáñamo.
También se pretende que, al aprobarse una iniciativa legal, se promueva la investigación, los usos medicinales, farmacéuticos y alimentarios del cannabis y el cáñamo.
Los defensores de la iniciativa plantean que, al avalarse esta forma de consumo medicinal, ello ayudaría a reducir el consumo de drogas, el comercio ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado.
El plan empezó su trámite en el Congreso en agosto del 2014, de la mano de Marvin Atencio, pero ha enfrentado durante su camino numerosos ataques y presuntos intentos de comercializar licencias o concesiones ilegalmente.
Con el proyecto, se obliga al Estado a fijar medidas de control y regulación del cannabis psicoativo o los derivados que excedan o transgredan los parámetros del proyecto.
Además, este plan "prohíbe regalar semillas o distribuirlas onerosamente, reproducirlas sin autorización, cultivar plantas de cannabis macho para fines diferentes a la reproducción de semillas, cultivar, utilizar, reproducir o comercializar semillas sin autorización legal, mezclar sustancias o productos de cannabis y cáñamo con sustancias sintéticas, hacer publicidad que induzca a error o use información falsa y comercializar productos sin licencia".
Impuestos al cannabis
Además de que se acogió un texto sustitutivo la semana anterior, se hicieron cambios en el destino de los impuestos que se cobrarían al cannabis, tanto al que se comercialice en el país como al que se exporte.
El impuesto al cannabis nacional sería de un 7% sobre las utilidades de las empresas y las personas físicas que desarrollen actividades lucrativas relacionadas con las concesiones y las licencias de explotación del cannabis.
Esa tasa serían siete puntos porcentuales de impuesto sobre la renta y se distribuiría de la siguiente forma:
- 28% para compra de equipos, medicamentos y construcción de nueva infraestructura de la CCSS
- 12% para funciones del Ministerio de Salud relacionadas con la ley del cannabis: al menos el 20% de esos recursos los debe usar el Ministerio para capacitación, investigación, producción, registros y fiscalización
- 20% para el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder): mitad para actividades de recreación y estilos de vida saludables, mitad para apoyo a deportistas de alto rendimiento
- 8% para el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), para sus funciones y otras organizaciones dedicadas al tratamiento de las adicciones
- 20% a las municipalidades donde haya licencias y concesiones, para el mejoramiento de la red vial cantonal
- 10% para asociaciones de desarrollo de las localidades donde haya licencias y concesiones
- 2% para el Instituto Costarricense de Turismo, para promover el turismo de salud
En cuanto al impuesto de la exportación de los productos de cannabis costarricenses, sería de un 3% del valor total de las exportaciones realizadas por los concesionarios A, según el permiso que tendrían de parte del Estado.
Lo que se recaude por ese otro tributo, se repartiría de la siguiente forma:
- 25% para el Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS
- 25% para que el Minae compre tierras con fines de protección ambiental
- 25% para todas las juntas de educación de cantones donde haya licencias o concesiones
- 25% para las municipalidades del cantón donde haya licencias o concesiones, para que se invierta en el plan regulador