Una periodista, un abogado y una educadora son los finalistas en el proceso para elegir al nuevo jerarca de la Defensoría de los Habitantes, luego del escrutinio realizado por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.
Los miembros de ese foro legislativo detallaron ayer la forma en que se escogió, primeramente, a cinco de 97 postulantes, entre quienes había exdiputados, exdefensores y exaspirantes al cargo.
A ese quinteto se le aplicó una nueva entrevista, luego de la cual los diputados de la Comisión de Nombramientos podían votar por los nombres de su preferencia.
La terna finalista está integrada por la periodista y máster en Derecho sobre Derechos Humanos, Montserrat Solano Carboni, el abogado Ricardo Valverde Gómez y, Yanis Quesada Chanto, quien tiene maestría en Política Educativa.
Tras definir estos nombres, la Comisión avisó que los remitirá al plenario para que la elección del nuevo defensor o defensora de los Habitantes sea el próximo lunes.
El congresista Ottón Solís, quien preside Nombramientos, aseguró que hay mucho interés en definir a la brevedad este cargo.
De hecho, los currículos de los 97 aspirantes iniciales se estudiaron en menos de dos semanas, en sesiones extraordinarias por las noches, al tiempo que se hacían entrevistas en persona a los candidatos.
Además de estudiar los atestados, la Comisión recibió del público y analizó diversos cuestionamientos sobre los postulantes.
El punto era, según Solís, evitar la designación de alguien con problemas judiciales, tributarios, administrativos o bien, de ética, tal como ha sucedido en el pasado.
Solís señaló que estos datos obtenidos jugaron un papel importante para que los legisladores descartaran muchos de los nombres.
La diputada libertaria Carmen Quesada aseguró que hubo acuerdo de todos los partidos políticos en el proceso de estudio de los candidatos y que su bancada decidirá su preferencia el propio lunes.
La Defensoría está sin jerarca desde el 7 de julio, tras la renuncia de Ofelia Taitelbaum, cuyas sociedades anónimas son investigadas por la Dirección de Tributación y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a raíz de la denuncia de una excolaboradora por supuesta suplantación de identidad.