La Dirección Actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se opone a otorgar incrementos por costo de vida en las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). La negativa se sustenta en que el fondo carece de suficientes ingresos para pagar las prestaciones existentes, por lo que resulta insostenible incorporar aumentos para compensar el poder adquisitivo.
Esta es la “cruda” realidad que expuso el subdirector de la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, Luis Guillermo López Vargas, al Comité de Vigilancia del IVM el pasado 28 de julio, al que informó de que existe un faltante de ¢51.380 millones para pagar las pensiones de este año.
La situación obligará a la Caja a tomar dinero, por primera vez, de los recursos de la reserva del IVM.
“Se valora hasta posibles incrementos en los montos de pensiones y nosotros nos hemos opuesto a eso. Nosotros, en la Dirección Actuarial, sabemos que el objetivo principal de los regímenes de pensiones es garantizar el poder adquisitivo de los beneficios que se están otorgando a la población cubierta; sin embargo, eso también está en las posibilidades económicas que tenga el fondo y, en este momento, uno siente que las posibilidades no son tales”, explicó el funcionario.
López cuestionó al Gobierno por incumplir con el pago completo de las cuotas estatales al IVM.
“Sabemos nosotros que las contribuciones de muchos trabajadores, aun aplicándole todo el principio solidario y la fórmula de cálculo, no son suficientes para garantizar una pensión mínima y, en ese sentido, es donde nosotros utilizamos esos recursos; entonces, creo que es importante discutirlo, que haya una reflexión a nivel de las autoridades de la CCSS”, advirtió.
El artículo 29 del ‘Reglamento del Seguro de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social’, establece que “el Estado, en su condición subsidiaria, cubrirá el financiamiento de las pensiones mínimas” que otorgue el IVM.
“Este financiamiento formará parte de la cuota del Estado como tal”, agrega la norma.
López estimó que los últimos dos ajustes en las pensiones mínimas (¢142.500) y aquellas que están cerca de las mínimas tendrán un costo para el régimen de ¢25.000 millones, cifra que se tendría que sumar al déficit de los ¢51.380 millones ya indicados.
“El flujo de efectivo no lo está recogiendo, pero es que estas son las realidades, las situaciones que uno siente que hay que mostrárselas a la Junta Directiva, así tan crudas”, reprochó el subdirector actuarial.
Si la CCSS utiliza los recursos de la reserva del sistema para completar los pagos, habrá ingresado a un escenario crítico que se había previsto para el año 2030.
Piden priorizar pensiones
López abogó porque la Junta Directiva y la Gerencia de Pensiones de la CCSS prioricen la crítica situación del IVM, por encima del Seguro de Salud, el cual, en su criterio, tendría mayor solvencia para enfrentar las demandas futuras.
De acuerdo con el funcionario, el Seguro de Salud de la CCSS tiene reservas por ¢1,5 billones en efectivo y en títulos, por lo que las autoridades deberían enfocarse en el IVM, para evitar tocar las reservas, como está previsto que ocurra este año.
“Pensando en los niveles de gasto que se tienen, pensando en el comportamiento del flujo efectivo y pensando en los momentos críticos, en el seguro de Salud uno siente que está muy bien”, indicó.
A su vez, el subdirector actuarial recomendó separar en las negociaciones entre la CCSS y el Ministerio de Hacienda, lo referente a las deudas con el Seguro de Salud y lo correspondiente al Seguro de Pensiones, en vista de que la mora del primero es muy elevada y podría hacer imposible llegar a un acuerdo, en el corto plazo.
“Me refiero a que normalmente, y si uno ve el último informe de deuda del Estado ahí se habla de ¢3,1 billones de colones; entonces, cuando se habla de esas cantidades y el Gobierno dice ‘no, es impagable’, están viendo la deuda de manera global, y yo creo que la gran prioridad en este momento es el Seguro IVM”, explicó.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, fijó a finales de setiembre, un plazo de 22 días para que se logre un acuerdo con la CCSS, sobre la metodología que se aplicará para establecer el monto de la histórica deuda que el Estado mantiene con esta institución y así iniciar el proceso de pago.
La metodología se establecería a partir de la aclaración de algunos “puntos de discordia”, como la definición de qué es lo que cobra la CCSS y cómo llega a esas estimaciones; en segundo lugar, definir parámetros objetivos que se puedan emplear para estimar los montos y que no se haga solo con “las facturas” que emite la institución a cargo de la seguridad social.
Por el momento, las conversaciones se centran en el periodo 2015-2018.