Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, recriminó al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, no haber hecho “mayor esfuerzo” por destinar recursos al pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Ramírez reaccionó de esta forma, después de que Acosta cuestionó que algunos diputados dijeran que él no le paga a la CCSS, pese a que, el 21 de diciembre del 2023, suscribió un acuerdo de pago por ¢51.738 millones con el Seguro Social.
El compromiso, suscrito entre el ministro y la gerente general interina de la Caja, Vilma Campos Gómez, equivale a un 1,5% del monto que la CCSS cobra al Estado, aunque Hacienda refuta la cifra. El convenio no incluye fondos para el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), sino para el Seguro de Salud.
“Desde el 2011, no habían convenios y ahora sí tenemos un convenio y vamos a seguir trabajando en esa línea”, acotó el jerarca.
Ante lo expresado, la diputada fustigó al jerarca al considerar que “no hubo mayor esfuerzo del Ministerio de Hacienda para destinar recursos”, ya que la totalidad de los fondos que van a ser empleados en ese pago proviene de una norma que la Asamblea Legislativa incluyó en créditos externos aprobados tiempo atrás, para que el 10% se transfiera a la CCSS.
“Esos ¢51.738 millones responden a un esfuerzo que hicimos los señores y señoras diputadas en los créditos de apoyo presupuestario”, explicó la parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN).
El jerarca asistió este miércoles al foro legislativo para defender el primer presupuesto extraordinario del 2024, que incluye recursos por ¢39.800 millones para el pago de deudas conciliadas con la CCSS.
La mayoría de los recursos, ¢25.604 millones, serían usados para completar los ¢51.738 millones que Hacienda se comprometió a girar a la Caja a más tardar el 30 de diciembre del 2023.
Estos fondos provienen del primer y segundo desembolso del Programa de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF por sus siglas en inglés) del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Acosta aseguró que el pago total no se pudo completar a finales del año pasado, porque la CCSS no tenía el espacio presupuestario necesario para recibir los recursos. Solo se han desembolsado ¢23.549 millones, el 45% de la totalidad del monto acordado.
Los restantes ¢14.294 millones corresponden a un acuerdo con el Ministerio de Educación Pública (MEP), para el pago de deudas obrero patronales.
Estos recursos se obtuvieron del quinto desembolso del RSF del FMI.
En semanas anteriores, los diputados de la Comisión de Económicos aprobaron una moción para que ¢84.000 millones provenientes de otros tres préstamos internacionales, que suman ¢210.000 millones, se utilicen para abonar la deuda del gobierno con la CCSS.
Dos de esos créditos son del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno es de $250 millones y el otro, de $50 millones. El resto del dinero corresponde a 100 millones de euros facilitados por la Alianza Francesa para el Desarrollo (AFD).
Esta decisión hizo que el ministro Acosta afirmara que evaluaba la opción de renunciar a los tres créditos, si los diputados no rectificaban, alegando que las condiciones definidas por los legisladores ocasionarían un “grave problema”, pues limitarían la capacidad de financiar gastos normales como el pago de planilla o inversión.
Además de incluir la cláusula del 40%, los diputados agregaron una condición: el gobierno solo podrá acceder al 60% restante (¢126.000 millones) cuando cumpla con el giro de los recursos a la CCSS. El expediente con los tres préstamos aún debe ser aprobado en el plenario legislativo.