El diputado Oscar López intenta cobrar al TSE supuestos gastos de campaña respaldándose en bonos que su Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) en realidad no utilizó en la contienda electoral.
López y la agrupación que preside echaron mano de 1.000 certificados sobrantes, con un valor de casi ¢60 millones.
Para financiar sus gastos de campaña, el PASE hizo una emisión de bonos por ¢300 millones, los cuales podían ser usados para captar dinero efectivo o pagar proveedores. Sin embargo, el valor real de estos títulos dependía del resultado de las elecciones.
El 14 de diciembre del 2013, el Comité Ejecutivo del PASE acordó entregarle la totalidad de los bonos (2.250) a la entonces candidata a vicepresidenta, Zulema Villalta, para que los guardara mientras los dirigentes intentaban colocarlos entre compradores o proveedores.
La excandidata los conservó hasta el 14 de marzo del 2014, un mes y medio después de las elecciones del 2 de febrero, pues Óscar López le solicitó devolver los bonos sobrantes.
Villalta, actual presidenta del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), le entregó casi 1.300 bonos en blanco con un valor de ¢72 millones, según el acta de devolución de la cual este medio tiene copia.
Para ese momento ya se conocía el resultado de los comicios y, por tanto, que cada bono del PASE podría valer el 70% del monto previsto si el Partido lograba demostrar suficientes gastos ante el Estado. Así, por ejemplo, los títulos de ¢1 millón podrían reembolsarse hasta por ¢700.000.
Tres meses después, según una revisión hecha por La Nación , el PASE incluyó más de 1.000 de los certificados sobrantes, por casi ¢60 millones, en la liquidación de gastos que cobró al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el 5 de junio.
La agrupación presentó comprobantes de supuestos pagos a proveedores hechos con esos bonos, entre el 31 de enero y el 4 de febrero, aunque en ese periodo los certificados estaban en la caja fuerte de Villalta.
Esas fechas constan en los recibos de entrega de los certificados, los cuales fueron firmados por Óscar López. Los contratos de los servicios, también sellados por el hoy diputado, incluso tienen fechas de octubre del 2013.
Los bonos habrían sido empleados para cubrir supuestos contratos de alquiler de vehículos o el pago de personal que trabajó en los comicios.
Por ejemplo, Óscar López se dejó 12 títulos, cada uno por un valor de ¢500.000, para cubrir un contrato de ¢6 millones por el arrendamiento de un vehículo que él reportó haber usado.
A la excandidata a diputada por Cartago, Magaly Camacho, le dieron 144 títulos de ¢50.000 cada uno para un total de ¢7,2 millones, el 1.° de febrero.
Así se le habría cancelado el alquiler de dos autos: un Honda Civil y un Suzuki Grand Vitara.
Casi 300 de los bonos en blanco no fueron incluidos en la liquidación presentada al TSE.
Compromisos de pago. Óscar López reconoció que Villalta le dio los bonos después de las elecciones, pero asegura que no hubo nada anómalo. Argumentó que los certificados se asignaron antes de las elecciones, pero se entregaron a los acreedores después de que la excandidata los devolvió.
“El recibo es el compromiso con la persona de que, sin importar el resultado electoral, recibirá su bono después de las votaciones. Los bonos se custodiaban en una caja fuerte porque no se pueden repartir como confites”, expresó el diputado.
Agregó que para él es “intrascendente” quién tuviera bajo su poder los bonos, porque podía disponer de ellos en cualquier momento, como presidente del PASE. No obstante, el Partido había destinado a un encargado por provincia para distribuirlos.
“Por mi condición de persona no vidente, no puedo andar con una caja en la espalda porque no sé cuáles son de ¢50.000 o de ¢100.000. Se le pidió a ella que los custodiara hasta cierto momento porque es muy honesta; pasadas las elecciones, me entrega toda la cuestión a mí”, dijo López.
Con la inclusión de esos bonos, el PASE cobró ¢303 millones al Estado. El TSE, sin embargo, revisa las facturas una por una, debido a que el Partido las presentó aparte de los comprobantes de pago, lo que dificulta corroborar la certeza de los gastos.