Los partidos políticos ya no tendrían que comprobar sus gastos de campaña ante el TSE para que se les gire el dinero de la deuda política que obtengan por su participación en los próximos procesos electorales.
Eso es lo que ocurrirá si prospera un acuerdo anunciado ayer por las nueve fracciones de la Asamblea Legislativa, en el que se comprometieron a eliminar el principio constitucional de comprobación de los gastos en el manejo de la contribución estatal a los partidos.
Lo harían mediante una reforma en el artículo 96 de la Constitución Política, en la cual también aducen se reducirá el monto de la deuda política de un 0,19% a un 0,11% del producto interno bruto (PIB) del país.
Con la reforma constitucional, de un tajo, eliminarían la frase que, en ese artículo, dice: “Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones”.
Tanto el presidente de la Asamblea Legislativa, el liberacionista Antonio Álvarez Desanti, como la presidenta del Frente Amplio, Patricia Mora, confirmaron que la intención es que el TSE les gire, lo más rápido posible, los recursos a los que tengan derecho.
“Ya no sería como se hace ahora, que es con el sistema de comprobación previa, sino con el del valor por voto”, indicó Álvarez Desanti.
Eso significa que, una vez que se determine cuáles partidos superaron el umbral constitucional para acceder al derecho de la contribución estatal (4% de los votos totales o mínimo un diputado), el Tribunal Electoral deberá girarles ese dinero lo más rápido posible.
De esa forma, no solo agrupaciones grandes, sino también partidos como el Movimiento Libertario, Renovación Costarricense y Accesibilidad Sin Exclusión, que con frecuencia han enfrentado cuestionamientos y hasta juicios por inflar gastos de campaña, recibirían de una vez la contribución estatal, sin tener que comprobar que efectivamente hicieron gastos.
Para las elecciones del 2014, por ejemplo, el valor del voto se estableció en ¢4.600. Gracias a los votos recibidos, entre las papeletas presidencial y legislativa, Liberación tenía derecho a cobrar ¢5.260 millones y Acción Ciudadana, ¢5.140 millones, mientras que agrupaciones pequeñas, como Restauración Nacional y Renovación Costarricense, podían cobrar ¢518 millones y ¢462 millones, respectivamente.
Según Mora, en su partido no hay un absoluto acuerdo con esa reforma, pero de igual manera puso su firma para presentar el proyecto de ley, surgido en el seno de la Comisión de Reformas del Estado, ente que tiene representantes de todas las fracciones.
Controles débiles. Según Álvarez y Mora, habría un fuerte sistema de controles, pero sería en el Código Electoral, normativa que por jerarquía tiene menor fuerza que la Constitución Política.
Este lunes, en conferencia de prensa, voceros de los nueve partidos políticos se comprometieron con esta reforma a la Constitución Política.
La reforma constitucional establece una diferencia, hasta ahora inexistente, entre los gastos directos que hace un partido para la campaña y los indirectos.
Estos últimos podrían ser transporte, anuncios en televisión y radio e impresión del programa de gobierno, entre otros. Además, el TSE tendría que encargarse de pagar este tipo de gastos y no los partidos políticos.
En la propuesta no se aclara qué puede entenderse como gastos directos, pero sí que serán pagados directamente con la deuda a la que el partido tenga derecho por votos válidos recibidos.
En cuanto a la reducción total de la contribución estatal, quedaría en un 0,11% del PIB: por ejemplo, para el 2018, se reduciría la deuda de ¢55.000 millones a ¢31.000 millones.