La posibilidad de ampliar el derecho a huelga en los servicios esenciales, como salud y seguridad, está en remojo por parte de las dos agrupaciones políticas que se enfrentan a segunda ronda.
Esta propuesta está contenida en el Código Procesal Laboral, aprobado en 2012 y vetado por la presidenta, Laura Chinchilla.
Representantes de Liberación Nacional (PLN) y de Acción Ciudadana (PAC) ven con urgencia la aprobación de la reforma. Sin embargo, prefieren estudiar mejor el texto antes de externar qué acción tomarían de llegar al gobierno.
Para el candidato de Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís, la reforma es muy importante porque agiliza los juicios de trabajo al hacerlos orales en vez de escritos. No obstante, la ampliación del derecho a huelga la mira con cautela.
“El tema debe ser analizado con detenimiento, simplemente no se puede dar por sentado”, explicó.
Una respuesta muy similar dio el diputado electo y exgerente de la campaña liberacionista, Rolando González.
“Tenemos la obligación de estudiarlo (el Código) a profundidad y, a partir de eso, tomar las decisiones”, exteriorizó.
Veto. En setiembre del 2012 el proyecto de reforma procesal fue aprobado por la Asamblea Legislativa con el apoyo de 40 de 57 diputados.
No obstante, un mes después, la presidenta Laura Chinchilla lo vetó al considerar que con la reforma se permite una ampliación a las huelgas del sector público en servicios esenciales.
“Se entiende como servicios públicos esenciales aquellos cuya paralización ponga en peligro los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad pública, el transporte, mientras el viaje no termine, y la carga y descarga en muelles y atracaderos, cuando se trate de productos perecederos o de bienes de los cuales dependa la vida o la salud de las personas”, se estipula en el proyecto de ley.
La futura jefa de la fracción del PAC, Emilia Molina, aseguró estar de acuerdo con el derecho a huelga incluso en los servicios básicos.
“Los servicios esenciales dependen de la responsabilidad de las organizaciones, y esto es justamente parte de las discusiones que tenemos con los diferentes sectores sociales”, aclaró.
El proyecto de reforma al Código Procesal Laboral es parte de las negociaciones para la elección del próximo Directorio Legislativo.
Gerardo Vargas, líder de la futura bancada del Frente Amplio, confirmó que estaban en disposición de respaldar un Directorio dirigido por el PAC a cambio de levantar el veto o modificar el proyecto para aprobarlo.
El Frente Amplio tendrá nueve diputados en el próximo Congreso.
Esa posibilidad de levantar el veto, no es bien vista por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que tendrá ocho legisladores.
Según el futuro jefe de fracción socialcristiano, Rafael Ortiz, ellos también tienen dudan.
Para Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) es necesario retirar el veto. Él considera una ‘matráfula’ las razones que lo fundamentaron.
Del otro lado de la acera, el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), Ronald Jiménez, rechaza la ampliación de los derechos de huelga.
“Costa Rica debe avanzar en mejorar la celeridad de los procesos laborales, pero eso no sucederá mientras se quiera aprovechar un proyecto con buenas intenciones para incluir intereses inconvenientes para el país”, manifestó .