Los proyectos fiscales presentados por el Gobierno a la Asamblea Legislativa, la semana anterior, carecen de estimaciones sobre los nuevos ingresos que Hacienda percibiría con cada uno de ellos; o bien, los recursos que dejaría de captar.
Las iniciativas introducirían una reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta, eliminación de exoneraciones y una modificación al impuesto a la propiedad de vehículos (marchamo). El paquete lo completan un proyecto que otorgaría más potestades a Tributación sobre los contribuyentes y otro para crear una dirección de Deuda Pública en el Ministerio de Hacienda.
En las exposiciones de motivos, ninguna de estas iniciativas contiene estimaciones sobre nuevos rendimientos fiscales, caídas o balances, producto de las reformas propuestas.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo que la ausencia de datos sobre rendimientos versa sobre “información técnica que no pensamos fuera importante incorporar”. En todo caso, añadió el jerarca, los rendimientos “son realmente marginales” o iguales a “cero”.
Por ejemplo, el plan de renta propone pasar a los contribuyentes de un sistema cedular a uno global.
Mediante el esquema cedular actual, las personas y empresas tributan individualmente por cada ganancia que perciban. Con la renta global, las personas pagarían el impuesto sobre el total de sus rentas unificadas. Ese sería el caso de un profesional que tiene un empleo y, a la vez, una actividad liberal o, incluso, si da servicios en una plataforma de transporte o tiene ingresos inmobiliarios.
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El texto entregado a la Asamblea planteaba unificar en ¢842.000 el monto mensual a partir del cual tendrían que tributar tanto asalariados como trabajadores independientes.
Esto habría provocado que más asalariados pagaran impuesto, porque la base actual es de ¢941.000, así como un incremento para quienes hoy tributan.
En cambio, el plan reduciría tributos a los independientes, pues hoy ellos pagan renta a partir de los ¢348.000.
No obstante, el texto carece de datos sobre cuánto dejaría de percibir Hacienda por el beneficio a los independientes y el cambio para los asalariados. Tampoco estima el efecto de la renta global.
Luego, el ministro Nogui Acosta dijo que fue un error personal haber bajado la base exenta a ¢842.000 y anunció que impulsará una moción para mantenerla en ¢941.000.
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Según dijo, el análisis del proyecto se hizo con el monto de ¢941.000 mensuales, pero no aportó los datos. “Los otros escenarios se descartaron porque generaban un rendimiento pequeño, pero no era esa la intención”, dijo.
El proyecto tampoco calcula los rendimientos que generaría subir a un 30% el impuesto de renta a las pequeñas y medianas empresas, ni el cobro de renta a inversiones de fuente costarricense realizadas en el extranjero.
Hoy, las pequeñas y medianas compañías pagan un impuesto progresivo que oscila entre el 5% y 20%. Solo las que tienen ganancias superiores a los ¢122 millones anuales pagan el 30%, pero el Gobierno quiere equiparar a todas en el mayor porcentaje.
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En tanto, el proyecto sobre exoneraciones tampoco contiene un estimado de lo que Hacienda recibiría al cobrar un tributo o elevar los existentes.
La iniciativa elimina la exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) a la compra de equipos médicos como sillas de ruedas y camas especiales para hospital, y les aplicaría una tasa del 2%.
A los boletos aéreos que se compran en el país o tienen como destino Costa Rica, se les aumenta el IVA del 4% actual al 13%. La misma tasa pagarían las trozas de madera que ahora pagan un impuesto forestal del 3%.
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En tanto, las importaciones de vehículos para alquiler pagarían el 100% de los impuestos en vez del 50% actual, al tiempo que se eliminaría la exoneración al tributo a la propiedad de vehículos eléctricos.
El ministro añadió que Hacienda publicaría en su sitio web, este miércoles 24 de mayo, un resumen de los rendimientos de cada iniciativa, “para que todos puedan verlo”.
Un proyecto para globalizar el pago de rentas se presentó en la administración anterior. Era uno de los planes negociados por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para generar nuevos ingresos que ayudaran a sanear las finanzas públicas. Los diputados lo archivaron.
El plan proponía equiparar en ¢683.000 mensuales la base del impuesto de renta que pagan asalariados e independientes. El Gobierno anterior pretendía recaudar una suma equivalente al 0,43% de la producción anual, o sea, ¢169.500 millones al 2021.
Otro proyecto para eliminar exoneraciones presentado por el gobierno anterior, que incluía el pago de impuesto del salario escolar de los empleados públicos, tenía una proyección de ingresos adicionales de ¢42.000 millones. La administración actual decidió no tocar el salario escolar.