El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) presentó un plan operativo para el 2017 que contempla la apertura de 845 plazas nuevas, adicionales a las 1.020 que tiene en la actualidad, es decir, un 83% más de empleados.
Del total de plazas adicionales que quiere el PANI, 598 son para apoyar la ejecución de nuevos programas, 32 para supervisar la ejecución de esos programas, 39 para programas especiales.
Otras 79 plazas son para apoyo administrativo, 7 para la atención de migrantes irregulares, 71 para abrir más albergues y 19 para abrir una oficina ejecutora que le dé seguimiento al uso de los ¢47.800 millones adicionales que recibiría la institución luego de que el Ministerio de Hacienda acatara dos fallos judiciales que lo obligaron a asignarle al PANI el 7% de lo recaudado por concepto del impuesto sobre la renta.
La asignación adicional de recursos elevó el presupuesto del PANI de ¢¢59.456 millones en el 2016 a ¢105.000 más en el 2017, para un crecimiento de un 56%.
No obstante, la creación de esas plazas depende de que un bloque de diputados de Acción Ciudadana (PAC) y del Frente Amplio (FA) frene el recorte de esos ¢47.800 millones en el presupuesto ordinario de la República para el 2017, por un total de ¢8.9 billones.
El tijeretazo se aprobó durante el trámite del presupuesto en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Empero, ahora Casa Presidencial y un bloque de legisladores de Acción Ciudadana (PAC) y del Frente Amplio (FA) pretenden frenarlo durante el debate final del plan de gastos en el plenario, que debe aprobarlo en primer debate a más tardar este domingo 27 de noviembre.
Más dinero a planilla. Lo cierto es que, de aprobarse el presupuesto tal y como lo presentó Hacienda al Parlamento, el costo anualizado de esa nueva burocracia que pretende asumir el PANI sería de ¢15.911 millones para el 2017 y el salario promedio de cada una de las plazas sería superior a ¢1,6 millones mensuales.
Al sumar el costo actual de sus 1.020 empleados actuales (¢20.930 millones) el PANI destinaría a partir del 2017 ¢36.841 millones para pagar su planilla, es decir, el equivalente a un 35% de su presupuesto de ¢105.000 millones.
La presidenta ejecutiva del PANI, Ana Teresa León, afirmó que ya está en conversaciones con la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda para la creación de las plazas adicionales y dijo que su intención es que el proceso de apertura de las mismas sea fluido, debido a que considera que este “es el momento” para que la institución dé un salto cualitativo gracias a la asignación adicional.
Pero Hacienda comunicó que el PANI aún no ha ingresado la solicitud de creación de las plazas, pues están a la espera de que se defina el monto que recibirán del impuesto sobre la renta.
Franklin Corella, subjefe de fracción del PAC, afirmó que el aumento de plazas no riñe con la directriz del presidente Luis Guillermo Solís y se justifica debido al aumento del presupuesto del PANI.
Sin embargo, Gerardo Vargas Rojas, jefe de bancada de la Unidad (PUSC) cuestionó que se estén destinando ¢15.911 millones más para burocracia y no para otras necesidades urgentes.
Por su parte Mario Redondo, de Alianza Demócrata, dijo que al PANI “se le fue la mano” al proponer la creación de 845 plazas más, aunque dijo conocer que la institución necesita más personal.
Por esto, impulsa un dictamen del presupuesto que propone devolverle ¢15.000 millones de los ¢47.800 que se le recortaron al PANI para el 2017.
Ana Teresa León no descartó iniciar acciones legales de concretarse cualquier recorte al presupuesto para el 2017 de la institución que dirige.