El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica busca opciones para impedir que Nicaragua prosiga con su plan de explotación petrolera en mares ticos.
La respuesta, que se inició con una nota de protesta enviada a Managua el lunes, vía embajada en San José, podría terminar otra vez en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda.
El canciller costarricense, Enrique Castillo, explicó que la negativa del gobierno de Daniel Ortega de discutir en conjunto el establecimiento de los límites marítimos, con el arbitraje adecuado, obligaría a acudir nuevamente a la sede judicial internacional.
Según Castillo, es discreción de la Cancillería definir cuánto tiempo se debe esperar para recibir una respuesta al reclamo por la oferta de explotación petrolera que publicó Nicaragua en el 2012.
Esa oferta está contenida en el documento Petroleum Promotional Folder of Nicaragua , del Ministerio de Energía y Minas de la administración Ortega, e incluye 18 bloques en el océano Pacífico y 55 en el mar Caribe.
Plan expansionista. Enrique Castillo acusa a Managua de llevar a cabo un plan expansionista sistemático, que se agudizó desde octubre del 2010, con la invasión del territorio costarricense en isla Calero.
Mientras tanto, el vicepresidente nicaragüense, el exgeneral del Ejército Moisés Halleslevens, dijo a medios de su país que la protesta de Costa Rica se debe a un mal asesoramiento de la presidenta Laura Chinchilla, en materia de límites.
El país ya sostiene dos procesos contra el vecino del norte en La Haya, uno por la invasión en Calero y otro más planteado por Ortega, a raíz de la construcción de la ruta 1856 cerca de la línea fronteriza.
“Nicaragua es un país que lleva una política de mala vecindad en Centroamérica”, sostuvo Castillo, y apuntó que se preveía que estuviera tentado a abusar de sus vecinos gracias al fallo en el juicio contra Colombia, que se dio en noviembre del año pasado.
En cuanto a las reacciones del vicepresidente nicaragüense, Enrique Castillo explicó que no le extrañan pues responde a una “situación servil” de empresarios, población y los medios ante el gobierno de Ortega, que “los controla”.
Sergio Ugalde, abogado de la Cancillería en conflictos limítrofes, manifestó que Costa Rica no esperaba una actitud tan agresiva de parte de Nicaragua, por lo que se analizan las opciones legales que están al alcance.
Ante la Corte Internacional de Justicia, los abogados nicaragüenses afirmaron que no se reconocen derechos ticos ni en bahía de San Juan del Norte (Caribe) ni en bahía Salinas (Pacífico).