Los giros erróneos del Gobierno en el pago de pensiones a exfuncionarios públicos le cuestan cada vez más a los contribuyentes.

Los sobrepagos aumentaron un 100% al pasar de ¢500 millones a ¢1.000 millones anuales entre el 2015 y el 2020.

Así lo revela una auditoría financiera de la Contraloría General de la República sobre la ejecución presupuestaria de los regímenes de pensiones pagados con el Presupuesto Nacional.

Para diciembre del año pasado, el Estado acumulaba casi ¢4.600 millones no recuperados producto de los giros hechos de más.

“El saldo acumulado de sumas giradas de más en el pago de pensiones presenta un comportamiento creciente en los últimos años”, advierte la Contraloría en el informe del 29 de abril.

“Históricamente, el principal hecho generador ha sido el sobrepago de pensiones a jubilados fallecidos, que a nivel general ha representado un 61% de las sumas generadas”, explica el informe.

El resto obedece mayoritariamente a pagos erróneos para herederos de jubilados fallecidos. Ese es el caso, por ejemplo, de beneficiarios que cumplen la mayoría de edad y que siguen recibiendo la pensión aunque su beneficio debe darse por extinguido según la ley.

Estas pensiones las administran la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) –del Ministerio de Trabajo– y la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema).

Dichas instituciones manejan los regímenes donde se alojan la mayoría de las pensiones de lujo del país, producto de que otorgaron beneficios muy superiores a las cotizaciones que los exfuncionarios hicieron durante su vida laboral.

Tal es el caso de los regímenes Transitorio de Reparto del Magisterio (RTR, de educadores), de Exdiputados y de Hacienda, entre otros.

De los casi ¢4.600 millones girados de más que el Estado no ha podido recuperar, más de ¢3.900 millones corresponden a pagos gestionados por la DNP y el resto al RTR de la Jupema.

La Contraloría concluye que el incremento de las sumas giradas de más es “consecuencia de debilidades en su oportuna identificación, control y respectiva recuperación”.

Pensiones vencidas hace 16 años en DNP

“Es relevante mencionar que existe incertidumbre sobre la integridad del monto registrado a diciembre de 2020, considerando que se obtuvo evidencia de que los controles dispuestos para su detección no están siendo oportunos ni efectivos”, señala la auditoría en el caso de la DNP.

En estos regímenes, la Contraloría encontró derechos de jubilación que caducaron por ley entre los años 2003 y 2017, pero que fueron excluidos del sistema en el 2020, lo que provocó que algunas personas recibieran pagos de más hasta por 16 años.

Ese es el caso de derechos sucesorios (por herencia) que debieron retirarse porque los beneficiarios cumplieron la mayoría de edad y no estudiaban, así como los casos en que cumplieron 25 años y eran estudiantes activos.

También, se trata de herederos que contrajeron matrimonio e, incluso, se encontró el caso de un pensionado que falleció en el 2017 y que vivía en el exterior y, aún así, se le siguió pagando hasta octubre del 2020.

De acuerdo con la Contraloría, los giros erróneos se incrementan “cuando la información de la fecha del deceso no se tiene en forma oportuna en las fuentes de información consultadas” por la DNP y la Jupema.

La mayor variación anual en los pagos equívocos se presentó en el ejercicio económico del 2018, cuando aumentaron un 50% en comparación con el 2017. Pasaron de ¢546 millones a ¢825 millones.

En el 2020 se registró el incremento porcentual más bajo, que fue de un 1% en comparación con el 2019. Sin embargo, ese año se pagaron ¢991 millones erróneamente, ¢10 millones más que en el 2019.

El único año donde se registró un decrecimiento fue el 2017, cuando los giros de más disminuyeron un 14% con respecto a los realizados en el 2016.

Montos difíciles de recuperar

Según la Contraloría, el proceso de recuperación de estas sumas giradas de más históricamente ha sido poco efectivo.

Esta situación se vio reflejada en el 2020, cuando únicamente se concretó la recuperación de un monto total de ¢53 millones.

La dificultad obedece a la gran cantidad de trámites requeridos para recuperar los fondos.

Por ejemplo, una parte del dinero se debe solicitar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pues, al pagar las pensiones, el Estado paga las cotizaciones respectivas para el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la persona.

“Sobre el trámite de recuperación de saldos con la CCSS, la DNP informó no haber recibido respuesta de esa dependencia, en los términos requeridos a los casos remitidos en el periodo comprendido entre agosto de 2014 a diciembre de 2020, lo cual dificulta el avance con las acciones subsecuentes de cobro”, dice el documento.

Lo mismo ocurre con los pagos a terceros autorizados por los beneficiarios.

Se intentó conocer la versión de Silvia Lara, jerarca del Ministerio de Trabajo, sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo su respuesta.

Lo ocurrido en el 2020

En el 2020, la DNP hizo sobregiros de más por ¢679 millones y, en el caso del RTR de la Jupema, por ¢312 millones.

En la Dirección de Pensiones, ese año, el 67% de los pagos erróneos fue girado a jubilados y prejubilados cuyo derecho se extinguió. Se trata, principalmente, de casos que la DNP identificó producto de “situaciones comunicadas por la Contraloría General”.

El restante 33% corresponde a pagos realizados a pensionados fallecidos.

Mientras, los montos girados en el RTR, un 95% se generó debido a sobrepagos a jubilados fallecidos.