Una medida de austeridad implementada por el Partido Acción Ciudadana (PAC) para ahorrar recursos del Estado, ahora le podrían restar ¢400 millones a las arcas estatales, situación que ha generado un cisma en la Asamblea Legislativa.
Ese es el monto aproximado que el país tendría que desembolsar, en los cuatro años de esta administración, para pagar los salarios de seis asesores que la agrupación gobernante le prestó, desde junio, a la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Con base en datos de Recursos Humanos y de la Dirección Financiera del Congreso, se estima que, en promedio, los asesores reciben sueldos hasta de ¢1,5 millones al mes. Tomando en cuenta el 41% de cargas sociales, estas plazas le costarían más de ¢400 millones al Estado al finalizar este gobierno, con base en cálculos de La Nación .
Préstamo cuestionado. Al iniciar el actual periodo legislativo, el PAC decidió mantener su norma interna de permitir solo tres asesores por congresista, de los 5,8 a los que tiene derecho cada diputado. Entonces, de las 75 plazas que les correspondían, solo asumieron 39, dejando “congeladas” las otras.
No obstante, la jefa de la bancada rojiamarilla, Emilia Molina, cedió al PUSC seis de esas plazas.
Aunque esto sucedió en el marco de la elección del Directorio legislativo, las dos agrupaciones han negado que el préstamo haya respondido a una negociación. En el Directorio, el PAC obtuvo tres puestos, los mismos que el PUSC.
El tema del préstamo de asesores también ha causado discordias internas en la fracción del PAC, tras el reclamo del diputado y fundador de esa agrupación, Ottón Solís, quien solicitó una investigación al Tribunal de Ética, mientras que la bancada exigió a Molina gestionar la devolución de las plazas.
Como reacción, el gobierno de Luis Guillermo Solís analiza cómo mantener el pago de las plazas. Una de las opciones sería que estas sean asumidas por ministerios que, a su vez, las cederían al Congreso.
Ruptura. Ante la intención del Poder Ejecutivo de asumir los salarios de los asesores que fueron transferidos al PUSC, seis fracciones de oposición anunciaron la ruptura de los diálogos con Presidencia.
Gerardo Vargas, jefe del Frente Amplio, sostuvo que el préstamo de los puestos de asesor del PAC a la Unidad fue parte de las negociaciones previas al 1.º de mayo.
“A mí me parece sumamente grave que el Poder Ejecutivo intervenga para validar un acuerdo de este tipo”, opinó Vargas.
Por su parte, el libertario Otto Guevara adujo que el convenio entre los partidos que tienen el control de la cúpula legislativa evidencia vicios que en el pasado han sido fuertemente criticados por la misma gente de Acción Ciudadana.
“Me parece inconveniente que utilicen el poder para satisfacer, para comprar conciencias, para comprar a partidos políticos contrarios”, manifestó el líder del Movimiento Libertario.
Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana, señaló que pagar los asesores con presupuesto ministerial lo decepciona. “Con ello, el Congreso pierde autoridad para pedir recorte de gastos.”
La oposición también duda de la capacidad de diálogo del oficialismo, a raíz de la disputa que se ha generado entre el presidente Luis Guillermo Solís y el diputado Ottón Solís. Colaboró con esta información la periodista Natasha Cambronero