San José
El Partido Acción Ciudadana (PAC) y la Defensoría de los Habitantes chocaron por el proyecto para crear la Defensoría Penitenciaria, una iniciativa que la defensora Ofelia Taitelbaum considera innecesaria.
Por el contario, la jefa de fracción del PAC, Emilia Molina, afirmó que el plan se necesita por la magnitud de la población penitenciaria y de sus necesidades.
El proyecto lo redactó el expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón, cuando salió de prisión preventiva tras ser acusado por corrupción.
Su propuesta la rescató la exdiputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y esposa de Calderón, Gloria Bejarano, en compañía de otros diputados del periodo anterior.
La iniciativa se votó a favor la semana en la Comisión de Asuntos Sociales, presidida por Emilia Molina.
Pese a ello, parlamentarios de otras bancadas no están convencidos sobre las bondades del plan. Uno de ellos es Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC), quien condenó el avance del proyecto, por considerar que, de aprobarse definitivamente, generaría más burocracia y gastos adicionales para el Estado.
Ese aspecto negativo también lo señaló la defensora Ofelia Taitelbaum. La jerarca afirmó que la Defensoría carece de presupuesto y de espacio físico para sustentar una nueva defensoría adjunta.
Esa entidad funciona actualmente con un defensor adjunto. Taitelbaum, además, alega que la Defensoría da seguimiento a la problemática en las prisiones desde dos dependencias que tiene adscritas: el Área de Protección Especial y el Mecanismo contra la Tortura.
“Yo traté de persuadir a doña Gloria (Bejarano) para que desistiera del proyecto. En primer lugar, porque crea más burocracia, porque un defensor no puede trabajar solo y, en segundo lugar, porque si creamos una Defensoría Penitenciaria, otros grupos nos pedirán crear la Defensoría de la Niñez, la Defensoría de la Mujer, la de la Diversidad Sexual, entre otras, y el problema sería para el Estado, que es el que al fin paga los salarios”, estimó Tailtelbaum.
El diputado Mario Redondo insistió en que se opondrá a la aprobación de la propuesta porque, con el presupuesto que devengaría la nueva Defensoría Adjunta, se podrían financiar otros proyectos como la construcción de más celdas o la mejora de las que albergan actualmente a los privados de libertad.
“Yo no entiendo cómo, en medio de una crisis fiscal como la que agobia al país, el partido en el poder impulsa un proyecto de ley que generará más gastos y burocracia. Eso no lo puedo entender, mucho menos siendo la jefa de fracción oficialista la que impulsa crear más gastos”, reprochó Redondo.
Pero Molina defiende su posición de que no se creará más burocracia si el proyecto se aprueba.
“La figura del nuevo defensor adjunto no hará perder autoridad a la actual defensora ni al actual defensor adjunto. Esa nueva figura es importante porque es necesario darle un mayor espacio y fuerza a la lucha por los derechos de los privados de libertad”, justificó.
En tanto, el jefe de fracción del PUSC, Rafael Ortiz, afirmó desconocer los contenidos del proyecto y pidió tiempo para estudiarlos antes de emitir un criterio.