El próximo 16 de agosto es una fecha clave para el Partido Acción Ciudadana (PAC). Ese día, luego de quedar fuera tanto del Gobierno como de la Asamblea Legislativa y de no obtener ni un cinco de la deuda política del 2022, la agrupación debe hacer un segundo abono de ¢100 millones al Estado para pagar la condena por estafar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
En palabras del presidente del PAC, Fabián Solano, de ese pago “depende el futuro” de la agrupación. Así respondió al consultársele si la agrupación ya logró reunir ese monto mediante donaciones de simpatizantes. “Tenemos mucha esperanza”, dijo.
La fecha está establecida en un acuerdo que alcanzó el PAC con la Procuraduría de la República (que funge como representante legal del Estado), en el 2021, para pagar en tractos ¢627 millones de la condena por haber cobrado al TSE contratos falsos en la liquidación de la deuda política del 2010.
El primer abono se giró en agosto del año pasado, por un monto de ¢200 millones.
Solano no precisó si ya el PAC tiene en sus cuentas el monto suficiente para pagar el 16 de agosto. La dirigencia había dicho que confía en cualquier donativo, pero también esperaba ayuda de “grandes donantes”.
El partido había llamado a sus militantes a colaborar e, incluso, lanzaron mensajes los expresidentes de la República Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Carlos Alvarado (2018-2022).
Alvarado aportó una cifra superior a los ¢500.000, según el presidente del PAC.
En el 2016, el PAC fue condenado por estafar al Estado, al cobrar deuda política por contratos que eran donaciones o voluntariado en el proceso de elecciones del 2010. En total, la deuda asciende los ¢627 millones.
El monto de la estafa fue de ¢353 millones, pero a ese monto se le sumaron ¢230 millones por intereses (cifra que asciende año con año), más ¢44 millones por las costas de proceso penal.
Para el 2023, están pactados otros dos pagos: el primero el 6 de febrero y el segundo el 16 de agosto, por ¢53 millones y ¢137 millones, respectivamente. El último pago, también de ¢137 millones, está previsto para febrero del 2024.
Este martes, la agrupación informó de que irá de nuevo a juicio, luego de que el Tribunal de Apelación Penal declaró con lugar una apelación presentada y ordenó un nuevo juicio por 81 de esos contratos cuestionados de la campaña del 2010.
Estos contratos son adicionales a los incluidos en la condena que ya está en firme y versa sobre un monto adicional de ¢159 millones, sin intereses ni otros gastos.