El Partido Acción Ciudadana (PAC) se apartó del pacto político que firmó con el Frente Amplio (FA) sobre el proyecto de ley contra el fraude fiscal.
La bancada de Gobierno ya no promoverá que con esa iniciativa se permita a la Administración Tributaria cobrar y ejecutar embargos a los contribuyentes morosos, sin que medie la orden de un juez.
En su lugar, los rojiamarillos apoyarán que las deudas de impuestos se resuelvan en los tribunales de justicia, tal como lo negoció el Ministerio de Hacienda con diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Movimiento Libertario.
No obstante, como condición, el PAC pidió que el juez resuelva las solicitudes de embargo en un plazo máximo de tres días hábiles.
Además, se debe crear un equipo denominado fiscales de cobro, integrado por abogados de la Dirección General de Tributación, encargado de hacer que los morosos paguen.
El cambio de posición se da solo 75 días después del acuerdo que suscribió, el pasado 26 junio, con el FA y el colectivo sindical Patria Justa , en el cual se comprometió a “respaldar los proyectos de ley para mejorar la recaudación fiscal (…), así como la realización de cobro en sede administrativa”.
El jefe de la fracción del PAC, Marco Vinicio Redondo, reconoció la variación en la postura . Empero, en su criterio, se mantiene “el espíritu, la filosofía” de lo pactado con el Frente Amplio.
“Se cumple con el fin del proyecto que era darle más agilidad a la Administración Tributaria para el cobro de impuestos (...). No será un paseo por el Arco del Triunfo”, dijo Redondo.
Su compañero, Víctor Morales Zapata, afirmó que lo ideal habría sido permitir el cobro sin una orden judicial, pero que en ese momento es el documento que se pudo negociar y en donde existe un consenso mayoritario.
El jefe de la fracción del FA, Gerardo Vargas Varela, dijo desconocer el texto negociado por Hacienda, pero dejó claro que su agrupación insistirá en permitir el cobro en sede administrativa.
“Si hay una contradicción es de parte del PAC, no de nosotros, habría que preguntarles a ellos por qué llegan a un acuerdo con Hacienda cuando ya habían firmado otro compromiso con nosotros. No permitir el cobro en sede administrativa sería un saludo a la bandera”, expresó Vargas.
El acuerdo negociado por Hacienda se pondrá en discusión de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el próximo 17 de setiembre. Entre los cambios, también se acordó eliminar el artículo de ese proyecto que condena a los asesores en materia de impuestos, si Tributación considera que aconsejaron mal.