Aunque triunfó en las urnas, el Partido Acción Ciudadana (PAC) quedó con un hueco de casi ¢900 millones en sus finanzas, después de la campaña electoral del 2014.
La deuda política no le alcanzará para cancelar los ¢4.064 millones que debe al Banco Lafise, pues el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solo le reconocerá unos ¢3.000 millones de los ¢4.225 millones que cobró.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE rechazó la cuarta parte de las facturas que el PAC pretendía cobrarle al Estado debido a “deficiencias, omisiones e incumplimientos” en los requisitos que se debían cumplir. Así lo dio a conocer el propio PAC en un comunicado público.
El tesorero de Acción Ciudadana, Anthony Cascante, niega que exista una crisis financiera en el Partido y anunció que darán argumentos a los magistrados electorales para tratar de obtener un mejor pago estatal.
Añadió que conformaron una comisión para analizar la situación, pero que, en todo caso, la agrupación dispone de una reserva de ¢2.000 millones para organización y capacitación, que eventualmente utilizarían para saldar parte de la deuda con Lafise, entidad que financió la campaña electoral del PAC.
“El Partido quedaría con reservas y habría que buscar la manera de hacer frente a una eventual deuda. Entonces, deberíamos buscar el mecanismo legal para poder cumplir con la deuda. No veo al Partido en una crisis financiera”, sostuvo Cascante.
Olivier Pérez, quien era el presidente del PAC durante la campaña, también niega que la situación sea crítica.
“Ha sido costumbre en las campañas, y no solo para el PAC, rechazar gran cantidad de gastos con argumentos que no tienen sustento y, a la hora de apelar, el Tribunal revisa más profundamente la decisión de órganos inferiores y siempre se nos han concedido sumas casi totales”.
Lo objetado. El informe rechaza más de ¢1.000 millones en actividades proselitistas, honorarios profesionales y gasolina. La liquidación todavía debe ser aprobada por los magistrados.
El Tribunal declinó, por ejemplo, reembolsar los ¢405 millones que el PAC gastó en las denominadas rutas de la alegría, con las que el ahora presidente, Luis Guillermo Solís, recorrió el país, así como otros actos públicos.
Rechazó esas facturas debido a que los eventos se efectuaron sin la autorización del TSE, durante veda publicitaria, o porque fueron gastos no reembolsables.
No se aprobaron los ¢345 millones girados a la firma Producciones Jaulares, el proveedor que más dinero facturó en la campaña rojiamarilla.
“El TSE dice que no teníamos permisos. Eso es absolutamente ilógico cuando el TSE andaba detrás de nosotros en cuanto acto se realizara pidiendo los permisos y todos los actos en que nosotros corrimos con las facturas siempre tuvieron permisos. Tal vez no logremos que nos aprueben el total, tal vez podemos demostrar que en el 90% no hubo irregularidades”, comentó Olivier Pérez.
Cascante agregó que la mayoría de rechazos obedece a cuestiones de forma y no a actos que sean ilegales.
El TSE tampoco aceptó el premio de ¢76 millones que el PAC le pagó al estratega Iván Barrantes Ruiz, por su labor en la campaña de Solís. El informe concluyó que el pago era innecesario e incumplía los parámetros para ser reconocido con el erario.
También, se rechazaron ¢68 millones de la celebración del aniversario del Partido, del traspaso de poderes y de los eventos que se organizaron para la espera de los resultados electorales.
En gasolina, al PAC se le rechazaron ¢157 millones porque las facturas no tenían el número de la placa del vehículo. Otros ¢119 millones en honorarios fueron impugnados por falta de contratos e informes de labores.