A pesar de la fuerte oposición interna, las autoridades del PAC empeñaron su palabra, este viernes, con el pacto político con el Frente Amplio y el colectivo sindical Patria Justa.
Marco Redondo y Margarita Bolaños, jefe de fracción y presidenta del Comité Ejecutivo de Acción Ciudadana, respectivamente, estamparon sus firmas en el documento Una agenda patriótica para el bien común , que es una ruta política trazada por los sindicatos para las dos agrupaciones políticas.
No obstante, el jueves por la noche, la fracción estudió el apoyo a ese convenio con el FA y los sindicatos, pero de los 10 presentes, cinco legisladores votaron en contra y cuatro a favor. Una se abstuvo.
Con ello, los dos líderes del Partido Acción Ciudadana (PAC) aceptan que desde la Asamblea Legislativa se impulsen los proyectos de ley incluidos en el documento y se objeten planes que reduzcan los pluses salariales de los empleados públicos y aquellos que promuevan una mayor participación del sector privado en la generación de electricidad.
Esto, porque los nuevos aliados suponen que el bloque opositor de seis partidos políticos, que controla la Asamblea Legislativa desde el 1.º de mayo, tiene una agenda “neoliberal” que afectaría los beneficios de los empleados públicos.
“Esta es una plataforma de diálogo, donde vamos a trabajar temas que los sindicatos pusieron sobre la mesa y que tanto el PAC como el Frente Amplio asumen para la discusión”, dijo Bolaños, luego de la firma.
La presidenta del Partido en el Gobierno añadió que la agrupación tiene la autonomía para definir su propia ruta, guiada por el Plan Rescate, o sea, la propuesta a sus electores.
De hecho, el argumento de Bolaños y de diputados como Henry Mora, es que la mayoría de los puntos sugeridos por los sindicalistas ya estaban entre sus propuestas de gobierno.
Compromisos. Por otra parte, los dos partidos firmantes se comprometen a impulsar el ordenamiento de las exoneraciones de impuestos, así como reformas fiscales de tipo progresivo (escalonadas) y el polémico proyecto del Gobierno contra el fraude fiscal, que permitiría a Tributación embargar bienes y salarios de contribuyentes morosos sin orden judicial.
El documento, de cuatro páginas, establece permitir a la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) el desarrollo de fuentes alternativas de energía, el apoyo a la reforma constitucional para establecer el derecho humano de acceso al agua y una iniciativa para que no caduquen las deudas de los patronos con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Frente Amplio. El pacto también lo firmaron la diputada y presidenta del Frente Amplio, Patricia Mora, así como el jefe de la fracción legislativa, Gerardo Vargas.
“En nombre de esos sectores excluidos de los beneficios del sistema, hoy tres instancias marcan un momento histórico en el país. Es el inicio de un gran diálogo nacional donde nadie debe ser excluido”, afirmó Mora.
El coordinador de Patria Justa, Albino Vargas, dijo que si el pacto es satanizado por otros actores políticos como “de izquierda”, entonces, la Constitución Política también lo es, por incluir las Garantías Sociales, entre otros beneficios para el pueblo.
Los congresistas Ottón Solís y Epsy Campbell, del PAC, y Jorge Arguedas y Ligia Fallas, del FA, lamentaron el pacto, pues creen que eso afecta otros diálogos.