El diputado libertario Otto Guevara está en contra de darle al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) poderes para indagar a personas físicas y jurídicas sospechosas de facilitarle dinero al terrorismo o para poder congelar cuentas y bienes a esos investigados.
Esas potestades las establece el proyecto de ley 19.909, que es una reforma a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Guevara basa sus “objeciones profundas” en que el Ministerio Público se opone también a esa iniciativa legal.
A finales de junio, el fiscal general Jorge Chavarría declaró en una carta su oposición al plan, pues considera que una entidad no judicial no puede ordenar “congelamiento inmediato de todos los productos financieros, dinero y activos, así como la inmovilización administrativa de todos los bienes muebles e inmuebles, sin notificación ni audiencias previas”.
La votación de la iniciativa resulta fundamental, según lo han dicho el ICD y el Ministerio de la Presidencia, para evitar el ingreso de Costa Rica en la lista gris de las naciones que no cooperan con el combate al financiamiento del terrorismo y el lavado de activos.
La entrada a esa nómina que tiene miembros como Siria, Afganistán, Irán, Birmania, Corea del Norte e Irak, entre otros, está cada día más cerca.
El 15 de julio, a más tardar, el Gobierno debe informar al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuáles acciones ha tomado para cumplir con las 40 recomendaciones internacionales en materia de combate al terrorismo y legitimación de capitales de origen ilícito, con el fin de evitar el ingreso a ese registro gris.
Incrédulo. Guevara expresó, este martes en el plenario, que él no le cree al Ejecutivo sus amenazas de ese ingreso a la lista gris, que según la Asociación Bancaria Costarricense sería peligrosísimo para el sector financiero y comercial, porque se le impondrían al país límites económicos.
“Por ahí anda la gente, a veces, amenazando con la vaina vacía. ¡A ver! , yo quiero ver el documento dónde diga que efectivamente la normativa es requisito fundamental para que no metan a Costa Rica en una lista gris”, dijo.
El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, refutó los temores de Guevara y confirmó que no es suficiente con que el expediente 19.909 tenga un lugar de privilegio en el plenario, antes de rendir el informe al GAFI ( que es brazo auxiliar del G7, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido).
“No lo creemos suficiente. El GAFI toma las cosas muy en serio y la aprobación de legislación para la prevención y castigo del financiamiento del terrorismo es uno de los puntos claves del cumplimento”, insistió Alfaro.
A votación. El pasado lunes se discutiría el proyecto en el plenario, pero una decisión del presidente interino del Congreso, el libertario José Alberto Alfaro, retrasó ese debate, pues amplió el plazo a la Corte Suprema de Justicia para opinar sobre la iniciativa.
La decisión fue muy criticada por Marco Vinicio Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ronny Monge y Sandra Piszk, de Liberación Nacional, quienes instaron a Alfaro a pedir una respuesta rápida a la Corte.
De hecho, ayer por la tarde, la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva, remitió una respuesta firmada por el magistrado Celso Gamboa, en donde avala el proyecto en toda su extensión.
Recibida esa respuesta, Sergio Alfaro considera que se podría votar el plan esta tarde, en plenario. Laura Garro, jefa del PAC, se reunió anoche con el jerarca legislativo interino, para analizar esa posibilidad.