La alianza opositora que controla la Asamblea Legislativa decidió apoyar la propuesta del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para ponerle un límite al gasto del Gobierno Central.
Este miércoles, los partidos de oposición desistieron de su propia iniciativa para limitar los egresos del Gobierno, un día después de que Solís se opusiera a la regla fiscal que ellos acordaron impulsar, el 1.° de mayo, por la vía rápida.
El Proyecto de Ley para Racionalizar el Gasto Público (expediente 19.923) prohíbe al Ejecutivo tener déficit primario; es decir, gastar más dinero del que recauda, sin contar los intereses que se pagan por la deuda pública.
El mandatario alegó que una medida de ese tipo provocaría un recorte de casi ¢1 billón, que lo obligaría a hacer 55.000 despidos en el Poder Ejecutivo y a reducir en ¢350.000 millones la inversión en educación pública.
Aunque no compartieron el criterio de Solís, los opositores desistieron de la iniciativa con la venia de los jefes de fracción de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario, Alianza Demócrata Cristiana, Renovación Costarricense, Restauración Nacional y Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
Mediante una carta que será enviada a Zapote, los opositores explican al mandatario Solís que deponen su plan de regla fiscal con la intención de que "desaparezcan" sus preocupaciones sobre los efectos en el Presupuesto Nacional, pese a que las consideran infundadas.
"Señor presidente, estamos convencidos de que el debate en materia fiscal debe llevarse con altura y seriedad, no debe darse espacio a acusaciones infundadas, como lamentablemente se ha dado recientemente de parte de algunos sectores", dice la nota, que es respuesta a una misiva enviada el martes por el gobernante Solís Rivera a Antonio Álvarez Desanti, presidente del Directorio legislativo.
Los opositores incluyeron la regla fiscal en el expediente 19.923, que es uno de los dos que acordaron impulsar el 1.° de mayo para contener el crecimiento de las pensiones, los beneficios salariales y gasto público en general. Con ese pacto, a su vez, sumaron 34 votos para controlar el Directorio.
La regla dice que bajo condiciones económicas normales, la diferencia entre ingresos y gastos del Gobierno, sin contar intereses, debería ser superavitaria en por lo menos un 2% del producto interno bruto (PIB).
En cambio, bajo condiciones económicas "excepcionales", el déficit primario debería estar en un 0% del PIB.
Datos de Hacienda indican que, en el 2015, el déficit primario del Gobierno Central cerró en un -3,1% del PIB, que equivale a ¢866.203 millones.
En marzo pasado, por el contrario, el Ministerio que dirige el primer vicepresidente, Helio Fallas, presentó un superávit primario cercano al 0,5% del PIB: ¢151.560 millones.
PIB versus deuda. Ahora, en lugar de esta norma, los opositores acogen la regla fiscal que el Gobierno propuso el lunes 9 de mayo, la cual establece que el crecimiento del gasto del Estado se definirá según se comporte la relación entre el PIB y la deuda pública.
Dicha iniciativa propone que cuando la deuda sea menor al 30% del PIB del año anterior, el crecimiento anual del gasto no podrá sobrepasar el promedio de crecimiento del PIB real de los últimos cuatro años.
El freno sería aún mayor cuando la deuda pública supere el 60% del PIB. En ese caso, el crecimiento del gasto total tendría que ser inferior al 65% del promedio de crecimiento del PIB.
Según los opositores, superado este capítulo, esperan que Solís y el PAC pongan los votos necesarios para darle vía rápida al resto de racionalización del gasto que, entre otros aspectos, fija un límite a las anualidades que se les pagan a los funcionarios públicos y limita al 20% la cantidad de servidores que ganan un plus por disponibilidad.
Además, agradecieron el apoyo de Solís al proyecto 19.922, que fija topes a las pensiones del Gobierno y a las del Poder Judicial.
Quedan en el camino. Al descartar su regla fiscal, el bloque que manda en el Parlamento también desistió de implementar una política de reducción del gasto hasta que la deuda pública equivalga como máximo a un 40% del PIB. Actualmente, roza el 60%.
Tampoco se impulsaría que el gasto primario del Gobierno Central, excluidos los intereses, no puede crecer en más de un 1%, en términos reales.
La oposición también informará al presidente de que acepta dar vía rápida al plan contra fraude fiscal, el cual permite a la Dirección General de Tributación (DGT) embargar bienes y cuentas a contribuyentes morosos, con la orden de un juez, y crea un registro de accionistas.
El libertario Otto Guevara indicó que la decisión de ceder radica en el interés del bloque de facilitar el acuerdo para que el resto del expediente 19.923 se tramite por la vía rápida.
Por su parte, Franklin Corella, diputado de Acción Ciudadana (PAC), calificó como positiva la señal que envió la alianza, pues acerca a las bancadas a un acuerdo sobre el tema fiscal.