Un acuerdo de siete diputados opositores en la Comisión de Hacendarios amenaza con dejar al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) con menos de la mitad del presupuesto que esa institución previó para el 2017.
Ese acuerdo está plasmado en una moción firmada por los legisladores Rosibel Ramos y William Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Rolando González, Paulina Ramírez y Olivier Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN); Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC).
La intención de esa moción es modificar el Presupuesto Ordinario de la República para el próximo año, al quitarle ¢47.800 millones y destinarlos a los cuerpos policiales del Gobierno y del Poder Judicial.
El recorte llega hasta los ¢50.000 millones al añadírsele los ¢2.300 millones que le reducirán a la partida prevista por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para el adelanto de la contribución estatal a los partidos políticos por las elecciones nacionales del 2018.
Así, la rebaja se repartiría de la siguiente forma: al Ministerio de Seguridad se le darían ¢25.000 millones; al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ¢5.000 millones; al Ministerio Público, otros ¢5.000 millones, y al Ministerio de Justicia, también ¢5.000 millones, estos para la construcción de espacios en las cárceles.
Los restantes ¢10.000 millones se reducirían de la deuda que el Gobierno prevé emitir para financiar el Presupuesto 2017.
“Subejecución”. El argumento de los opositores para quitarle dinero precisamente al PANI es que, de acuerdo con Otto Guevara, esa institución tiene un histórico de ejecución bajo y que el presupuesto para atender la niñez en riesgo social crece solamente por sentencias judiciales.
Esas sentencias, de meses recientes, obligaron al Estado a incluir, en la previsión de gastos del próximo año, dineros que en periodos anteriores se congelaron en manos gubernamentales.
Entre otras fuentes de financiamiento, al PANI le deben llegar transferencias de una pequeña porción del impuesto sobre la renta y del impuesto selectivo de consumo.
La presidenta ejecutiva del Patronado, Ana Teresa León, lamentó que los legisladores tengan la intención de recortar tan fuertemente ese presupuesto.
“Tenemos previsto desarrollar, en el 2017, el plan maestro de la institución 2015-2020, que no hemos podido llevar a cabo por la falta de recursos”, dijo León.
Ese plan incluye 30 oficinas en varios cantones, recursos para parques infantiles municipales, 20 unidades móviles de atención, diez clubes de adolescentes y 20 consultorios familiares, entre otra serie de proyectos.
“Yo puedo entender que la policía necesita refuerzos, la prevención y seguridad, pero igualmente se necesita la educación y prevención que evitaría a futuro más casos de violencia”, apuntó.
Presión. La premura de los legisladores nace de la insistencia del ministro de Seguridad, Gustavo Mata, por tener recursos para combatir la ola de inseguridad en regiones como Limón.
Aunque la presión de Mata se enfocaba en que se apruebe el proyecto de ley de impuesto a las personas jurídicas, los opositores (que se niegan a aprobar ese impuesto con rapidez, algunos incluso se niegan del todo) optaron por maniobrar en el plan de gastos gubernamental, antes que ceder a la presión del Gobierno.
Según Guevara, la presidenta de Hacendarios, la socialcristiana Rosibel Ramos, negocia con Presidencia para que al menos acepten esa propuesta.
Se intentó consultar a los oficialistas Henry Mora y Víctor Morales, pero no fue posible tener una opinión de los legisladores.
La moción se tramitará en Hacendarios antes del 20 de octubre y tendría, según Guevara, votos suficientes para aprobarse. Frente Amplio y PAC solo suman cuatro votos en ese foro.