Los oficiales de la Unidad de Seguridad de la Asamblea Legislativa están indignados porque la administración del Congreso les comunicó, este lunes, que no les va a reconocer 2.865 horas extra laboradas en el mes de julio.
Debido a lo anterior, el personal de seguridad tomó la medida de no laborar tiempo extraordinario y solamente cumplir la jornada ordinaria, “hasta tanto no se nos pague lo adeudado”.
Lo anterior significa que este jueves, por ejemplo, el personal que terminó su jornada ordinaria a las 2 p. m. no estuvo dispuesto a laborar las cuatro horas adicionales que tienen asignadas.
En nota enviada este miércoles a la directora ejecutiva de la institución, Karla Granados, los oficiales criticaron que a ellos no se les vayan a pagar las horas extra en el giro de esta quincena, mientras que al personal de otras unidades sí, como el Departamento de Comisiones y a los ujieres.
El personal de seguridad del Congreso trabaja en jornadas de 12 horas, incluso en los turnos de noche. Deben cubrir una serie de actividades protocolarias que no son propias de la labor parlamentaria, como ferias, foros, conversatorios y hasta una graduación que se realizó la semana pasada.
Los oficiales pidieron a Granados explicar a qué se debe el atraso en el pago de tiempo extra, quién era el responsable de gestionar en tiempo el presupuesto, cuándo se estarían cancelando esas horas extra y con qué criterio se decide pagar a otros departamentos y no a ellos.
“No creemos que sea justo que no se cancele el pago de tiempo extraordinario en la fecha correspondiente y muchos menos que se discrimine del pago, pagándose a otros y dejándonos por fuera”, dice la nota entregada a Karla Granados este jueves.
Consultada por la prensa, Granados alegó que a nadie se obliga a trabajar 12 horas, y que, en vista de la medida tomada por los oficiales, se quedarían varios puestos de seguridad descubiertos.
Relató que, cuando ella asumió la Dirección Ejecutiva, encontró que varias partidas presupuestarias (viáticos al exterior e interior, horas extra) ya estaban muy ajustadas y que, desde ese momento, se tuvieron que solicitar movimientos presupuestarios que aún están en trámite de autorización, de parte del Ministerio de Hacienda y de la Presidencia de la República.
Indicó que el ajuste interno se aprobó inmediatamente y hubo conversaciones con la Dirección de Presupuesto y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, pero la solicitud coincidió con la presentación del Presupuesto 2024.
Granados Granados aseguró que la situación se solucionaría a más tardar el 16 o 17 de setiembre, con firma y publicación de la Casa Presidencial.
No obstante, reconoció que eso no daría chance para pagar en esta misma quincena, sino que se tendría que pagar en la última quincena de setiembre.
Añadió que la decisión de no pagar los ¢29 millones en extras a Seguridad y sí los ¢12 millones a las otras dependencias fue de una unidad técnica del Departamento de Recursos Humanos, con la esperanza de pagarles a los oficiales cuando se lograra tener a tiempo la modificación presupuestaria.
“Como administración, los entendemos y estamos siendo considerados con ellos, por lo que estamos agilizando la modificación presupuestaria, con el apoyo de Hacienda, para que esto se resuelva a la brevedad posible”, dijo.
Agregó que tendría una reunión con el personal de Seguridad, a las 4 p. m. de este miércoles, para solucionar la situación.
“Vamos a ver si ellos mantienen su posición (de no laborar horas extra). Si la mantienen, nos queda nada más que adaptarnos y ajustarnos a la realidad”, apuntó Granados.