Ocho de los nueve legisladores expulsados del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD) presentaron este viernes un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Consideran que esa medida violentó “sus derechos más elementales”.
La acción fue suscrita por los diputados Daniel Vargas, Waldo Agüero, Paola Nájera, Alexánder Barrantes, Manuel Morales, Jorge Rojas, Ada Acuña y Pilar Cisneros.
No firmó la solicitud María Marta Padilla, pese a que ella forma parte del grupo que el 9 de octubre dio su apoyo público a la agrupación política Aquí Costa Rica Manda (ACRM) de cara a a las elecciones municipales de febrero del 2024, a pesar de que fue elegida por el PPSD.
El Comité Ejecutivo de Progreso Social Democrático calificó la actuación de los parlamentarios como una “renuncia tácita” y, por ello, les retiró la militancia.
Según Cisneros, el Comité de Ética del partido no cuenta con ningún expediente abierto contra alguno de los ocho diputados por los hechos que motivaron su expulsión. Además, cuestionó el fundamento de la determinación.
“Los estatutos del partido no contemplan la supuesta renuncia tácita ni nada parecido para justificar la expulsión del partido”, señaló.
El bloque de legisladores indicó, por medio de un comunicado de prensa, que planteó un conjunto de recursos de revocatoria a lo interno del PPSD, por considerar que la presidenta de la agrupación, la también diputada Luz Mary Alpízar, y el Comité Ejecutivo no llevaron a cabo el debido proceso.
“Pese a que disponen legalmente de 10 días hábiles para atender dichas solicitudes, las autoridades del PPSD omitieron pronunciarse sobre ellas, violentando los derechos electorales de los diputados, los derechos electorales de los diputados oficialistas”, alegaron.
La presidenta del partido calificó la acción de los legisladores como “algo normal y típico de estos procesos”.
“Recibimos con tranquilidad la noticia y esperaremos la respuesta del TSE”, expresó Alpízar.
La vocera del PPSD fundamentó la expulsión de los legisladores en una resolución emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a solicitud del del partido cantonal Gente Montes de Oca.
En dicho criterio, los magistrados señalaron que un partido no está obligado a seguir un procedimiento con garantías del debido proceso para suspender la condición de militante de una persona cuando esta ejerce algún derecho en otra agrupación.
Proceso en la Asamblea Legislativa
Si bien el partido tomó la determinación de expulsar a los legisladores desde inicios de octubre, los nueve diputados siguen manteniendo, en la Asamblea Legislativa, las condiciones como integrantes de la fracción del PPSD.
El Directorio del Congreso envió una consulta el 12 de octubre a la agrupación partidaria para que se le precisara si la expulsión es una resolución en firme. Asimismo, solicitó, nuevamente, criterio a los directores de los departamentos de Asesoría Legal y de Servicios Técnicos.
Hasta el momento, el Directorio no ha comunicado una determinación al respecto, a partir de los insumos que haya recibido.