La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) posicionó a Costa Rica como una de las naciones con menor flexibilidad en su gasto público y señaló como una de las consecuencias la poca capacidad del Gobierno para asignar presupuesto.
Según el informe Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020, el país es la segunda nación con menor flexibilidad en gasto público en América Latina, solamente se le antepone Brasil.
Los datos que se desprenden de dicho análisis indican que la capacidad de flexibilización de Costa Rica es de 43 puntos en una escala de 200, siendo esta una de las más bajas calificaciones.
El promedio de flexibilidad para ejecutar gasto público de América Latina es de 100 puntos.
Las calificaciones fueron asignadas luego de un seguimiento que se le dio a las naciones, para el cual se tomaron como base los datos de gasto de los gobiernos desde el 2010 al 2016.
Actualmente el país se prepara para ser la cuarta nación latinoamericana en ingresar a la OCDE; sin embargo, en sus estudios son críticos de la capacidad estatal para cambiar el rumbo del presupuesto hacia las áreas que más lo requieren.
A nivel centroamericano, los datos de la OCDE también reflejan una desventaja, pues el siguiente país con menor calificación es El Salvador con 99 puntos.
En cuanto a Nicaragua, Panamá, Honduras y Guatemala poseen mayor flexibilidad, ya que su puntaje es superior al promedio de los países latinoamericanos.
El análisis económico reconoce algunos avances que ha dado el país en los últimos años, como lo fue la reforma fiscal del 2018, que eliminó disposiciones importantes de asignación obligatoria de fondos introducidas históricamente.
Dicha reforma, permite al Ministerio de Hacienda reasignar el gasto hacia destinos diferentes de los obligatorios, esto cuando la deuda pública supera lo dispuesto en la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
No obstante, una de las advertencias es que, según sus cálculos, para este 2020 el gasto total de la educación, incluyendo las pensiones de docentes, ascenderá al 9% del producto interno bruto (PIB), lo que estaría por encima del 8% dispuesto por la Constitución Política.
"En general la capacidad del Gobierno para asignar el gasto presupuestario a las necesidades cambiantes sigue siendo limitada.
“Además, de la restante asignación obligatoria de fondos, las transferencias actuales que no están asignadas de manera obligatoria no pueden reducirse por debajo del nivel nominal del año fiscal anterior, y la creciente factura de tasas de interés, restringen cada vez más la capacidad del Gobierno para administrar el gasto”, señala el documento.
Por ejemplo, para el próximo año, 150 destinos específicos, definidos por mandato de ley para repartir entre distintas instituciones públicas, consumirán ¢9 de cada ¢10 que los ciudadanos paguen en impuestos, una situación que la Contraloría General de la República (CGR) urge a los diputados resolver mediante una reforma estructural.
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Al respecto la OCDE recomienda permitir que todas las categorías de gasto puedan ajustarse cuando la deuda pública exceda el 50% del PIB.
Esto haría posible que las autoridades respondan más rápidamente a los desafíos fiscales actuales y futuros.
Según la Contraloría, se estima que Costa Rica cerrará el año con una deuda pública equivalente al 71% de toda su producción.
Esto es el doble de lo que el país debía hace apenas siete años, en el 2013, cuando el endeudamiento era de un 36% del PIB.
Según la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al 60% del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el 65% del promedio del crecimiento del PIB nominal.
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Tensión fiscal
La situación de las finanzas públicas nacionales es una de las preocupaciones que expresa la organización.
“La situación fiscal continúa siendo una vulnerabilidad crítica. Grandes déficits amenazan la sostenibilidad de logros económicos, sociales y ambientales significativos. La brecha con las economías avanzadas continúa siendo grande debido a la baja productividad, y sigue existiendo una gran desigualdad”, señala el informe.
Asimismo, asegura que los aumentos en el gasto público que vienen desde 2008 no han conllevado a una mejora.
Como uno de los puntos que urge para mejorar el gasto es realizar una reforma al empleo público, ya que la remuneración de los empleados del gobierno representa la mitad de los ingresos totales del Ejecutivo.
Otra de las sugerencias que hacen ante el creciente déficit fiscal es atraer inversión extranjera.
“A medida que aumenta el costo del pago de intereses, es vital contener el costo del servicio de la deuda y reducir los riesgos. Atraer inversionistas internacionales a la deuda denominada en moneda local puede reducir tanto la carga de intereses como los riesgos cambiarios”, agrega.
Para el 2022, la recesión económica endurecerá aún más la regla fiscal, la cual le impondrá a las instituciones públicas un tope del 1,7% al crecimiento del gasto corriente y al gasto en obras públicas.
Así lo adelantó la CGR en un análisis sobre el Presupuesto Nacional del 2021, en el cual el techo será de un 4,13%.