Ninguno de los 14 candidatos que se postularon para el cargo de magistrado de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia alcanzó la nota mínima requerida para pasar a la siguiente etapa del proceso, que consiste en una entrevista ante la Comisión de Nombramientos del Congreso en pleno.

La calificación establecida por los diputados es de 75, luego de que los asesores parlamentarios revisen los atestados de los postulantes y asignen un puntaje por cada uno de los títulos, posgrados, publicaciones y demás documentos que aporten.

En esta ocasión, el concurso es para sustituir la plaza que dejó la jubilación de Carmenmaría Escoto. Para el cargo, se presentaron 15 postulaciones.

Los asesores legislativos revisaron los atestados de 14 de ellos, pues los legisladores acordaron rechazar la postulación de uno de ellos, a quien le faltaba un documento.

Las calificaciones otorgadas por los asesores fueron revisadas y avaladas por los congresistas en sesión de la Comisión de Nombramientos esta semana.

Esos 14 nombres recibieron una calificación en este orden:

Damaris Vargas Vásquez, 71

José Rafael Fernandez Quesada, 69

Carlos Alberto Bolaños Céspedes, 67

Alexandra Alvarado Paniagua, 64

Yazmín Aragón Cambronero, 63

Ana Isabel Vargas Vargas, 63

María Vanessa Fisher González, 62

Luis Diego Ramírez González, 62

Jessica Jiménez Ramírez, 57

Vilma Sanchez del Castillo, 57

Guadalupe Ortíz Mora, 55

Ignacio Monge Dobles, 54

Luis Guillermo Bonilla Hernández, 50

Douglas Ruiz Gutiérrez, 36

Aunque ninguno de los postulantes alcanzó la nota mínima, aún está en proceso de revisión la tabla de calificaciones por atestados profesionales.

El martes anterior, la secretaría de la Comisión de Nombramientos les informó de sus calificaciones y abrió un periodo de cinco días hábiles, para que cada uno apelara la decisión.

Al mediodía de este viernes, la mitad de los candidatos había apelado la decisión de los diputados. Los demás tienen tiempo hasta el martes 23 de julio, a las 6 p. m., para presentar sus reclamos.

Consultados por separado, los legisladores Luis Fernando Chacón y Jorge Fonseca, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), manifestaron que si ningún postulante logra la nota mínima, el concurso se debe declarar desierto.

En ese caso, los congresistas tendrían que empezar de cero, con un nuevo concurso para nombrar un juez propietario para la Sala Primera.

Eventual cercanía

La candidata que alcanzó la máxima calificación entre todos los postulantes, Damaris Vargas Vásquez, se inhibió de participar como jueza de un proceso judicial, en el 2014, en el que participaban hermanos del actual diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Peña Flores, quien es miembro de la Comisión de Nombramientos.

En la carta donde expone las razones para inhibirse de ese proceso en el Tribunal Agrario de San José, Vargas afirmó que ella era tenía “amistad desde hace muchos años con las partes involucradas en ese proceso”.

Específicamente, ella detalló que las partes involucradas eran Sandra Patricia Peña Flores, la demandante, y Miguel Ángel Peña Flores (qdDg), quien aparecía como demandado.

Consultado al respecto, Peña aseguró, por medio de un mensaje de Whatsapp (pues alegó que no tenía señal para responder una llamada telefónica), que él suponía que era “conocida de ellos”.

Agregó que él conoció a la actual jueza cuando era estudiante universitario “hace más de 30 años” y añadió que, luego, había perdido contacto con ella.

Se intentó conversar con Damaris Vargas, por vía telefónica, pero no respondió llamadas ni mensajes por Whatsapp.

Recurso de amparo

Con quien sí reconoce Peña tener amistad es con Enrique Ulate Chacón, el postulante que quedó fuera del concurso por no haber aportado una declaración jurada donde afirmara que no es parte de ningún partido político.

De hecho, el juez Ulate presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la decisión de los diputados de dejarlo fuera del concurso, esta semana.

Como a Ulate se le dejó por fuera por no aportar dicha declaración jurada, alegó que no se trata de un requisito establecido en la Constitución Política para ejercer la magistratura.

Añadió que, de todas formas, los funcionarios judiciales tienen prohibición de formar parte de los partidos políticos.

“Mi exclusión del referido concurso es totalmente inconstitucional”, alegó Ulate en su recurso, donde además pidió que se suspenda el concurso para el nombramiento de un magistrado de la Sala Primera.

La petición que hace es que se le admitan y valoren sus atestados como postulante a magistrado.