La Embajada de Costa Rica en Nicaragua preguntó y no obtuvo respuesta. La familia preguntó y nadie contestó. El canciller Manuel González reclamó, en persona, al embajador Harold Rivas y tampoco. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió explicaciones a Managua y, de nuevo, el hermetismo.
Así llegó el costarricense Daniel Gil Trejos a su día 40 encarcelado en la prisión de El Chipote, en condiciones que fueron calificadas como “deplorables” y que ahora nadie precisa.
Las autoridades nicaragüenses dejaron que se venciera el plazo de siete días naturales, otorgado por la CIDH, para entregar información sobre las razones legales y condiciones precisas de la detención de Gil, el 26 de mayo.
El canciller González aseguró que Managua evitó responder a la CIDH, adonde acudieron la familia de Gil y la Defensoría de los Habitantes para pedirle que ordene a Nicaragua decretar medidas cautelares a favor de Gil.
La última noticia que se tiene sobre Gil es de hace 10 días, cuando las autoridades nicaragüenses permitieron entregarle comida externa a la cárcel, ropa y medicinas contra la presión alta. También le otorgaron finalmente posibilidad de presentarse a un juzgado y acceder a un abogado.
Sin embargo, el costarricense continúa preso sin cargos en Nicaragua, después de haber sido detenido con base en una alerta internacional activada por la Policía de México, que lo investiga por un presunto fraude comercial, según Interpol.
Ni la familia del costarricense ni la Cancillería tica tienen claro por qué este caso se ha prolongado tanto. Lo dejó ver ayer Manuel González.
“Sorprende y uno se pregunta qué hay en este caso que lo haga tan particular y no merezca una explicación oficial. ¿De qué magnitud puede ser para que tengan tanta reserva y se jueguen su imagen como país con tanto hermetismo?, se preguntó el canciller sin atreverse a explorar las respuestas.
González contó que, dada la ausencia de contestación del embajador Rivas, enviaron una nota de protesta a la Cancillería de Nicaragua el 24 de junio, la cual tampoco ha sido respondida.
La Cancillería costarricense y la esposa de Gil, la exviceministra de Seguridad Marcela Chacón, confían en que la CIDH ordene medidas cautelares a favor de Gil, que podrían ser incluso su liberación.