El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, tardó 50 días en ordenar la apertura de una investigación contra su viceministra, Ana Gabriel Zúñiga, luego de que la Auditoría Interna le advirtió de que ella podría estar cobrando un 65% de más en su salario, sin cumplir los requisitos para ello.
Alfaro solicitó abrirle el proceso administrativo a la viceministra el 20 de enero pasado, aunque la Auditoría le entregó, desde el 1.° de diciembre del 2016, el resultado de una investigación preliminar sobre presuntos cobros ilegales del incentivo de prohibición en Casa Presidencial, en el que recomendaba investigar el caso de su subalterna.
Para ese momento, Zúñiga tenía 31 meses de cobrar el 65% adicional que se les paga a los altos funcionarios para que no ejerzan su profesión, a pesar de que no tenía el título de licenciada en Derecho, ni estaba incorporada al Colegio de Abogados, condiciones exigidas para ejercer la abogacía en este país. Ella cobraba unos ¢800.000 adicionales al mes.
El ministro Alfaro niega que haya tardado más tiempo del debido en ordenar la investigación. En su criterio, el tiempo fue "razonable". Alega que el informe de la Auditoría Interna tenía varios cientos de páginas y no solo señalaba a Zúñiga, sino también a otros funcionarios de la Presidencia.
"Una vez que se recibió el informe por parte de la Auditoría, hubo que tomar una serie de decisiones sobre la tramitación de los procedimientos administrativos derivados de un informe de más de 300 páginas. Debían definirse aspectos tales como el órgano director, la eventual acumulación de procedimientos, entre otros. Por lo anterior, la Administración, luego del análisis correspondiente, en plazos razonables, realizó el acto de apertura respectivo el 20 de enero de 2017", adujo el jerarca, en un correo electrónico ante una consulta de La Nación.
Varias investigaciones. En total, tras el informe de Auditoría, Alfaro ordenó investigar el pago de prohibición o dedicación exclusiva a cinco funcionarios de Casa Presidencial, para determinar si cumplían con todos los requisitos.
Además de Zúñiga, están bajo la lupa otros tres funcionarios del Ministerio de la Presidencia que no ejercen ninguna jefatura. Esas cuatro investigaciones todavía aún en trámite.
Alfaro dijo que no podía revelar detalles de esos procesos administrativos porque toda la información, documentación y evidencia "es de carácter confidencial", según la Ley General de Control Interno.
Un quinto caso ya se cerró, luego de desestimar los hechos denunciados por la Auditoría Interna. Esa investigación versó sobre la vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, también por el pago de prohibición. A ella se le abrió un proceso administrativo porque, en su expediente, no constaba una copia de su título de bachillerato en Relaciones Internacionales.
Sin embargo, al final, la Presidencia determinó que el pago a Chacón estaba apegado a derecho y que la ausencia del título se trató de un "error administrativo" del departamento de Recursos Humanos.
Así lo dijo Alfaro: "Por un error administrativo no constaba copia de su título académico en el expediente personal de la Oficina de Recursos Humanos, a pesar de que la señora Chacón Echeverría presentó su título a dicha Oficina desde el 27 de mayo de 2014".
El titular de la Presidencia agregó que las pesquisas incluyen a ocho jefaturas que autorizaron los desembolsos bajo investigación.
"El Ministerio de la Presidencia, desde el 20 de enero de 2017, abrió una serie de procesos de investigación para aclarar la validez de los pluses salariales que reciben cinco funcionarios de Casa Presidencial, incluido el caso de la viceministra de la Presidencia. Las investigaciones se encuentran en diferentes momentos procesales: uno finalizado, cuatro con fecha para la realización de la audiencia oral, y las demás, relativas a ocho jefaturas administrativas que aprobaron dichos pluses, a la espera de efectuar el traslado de cargos", declaró Alfaro.
Lo sabía cuando salió el escándalo. Casa Presidencial conocía de los cuestionamientos por el sobresueldo de la viceministra Zúñiga meses antes de que el portal de noticias elmundo.cr revelara la posible irregularidad de la funcionaria, el 20 de febrero del 2017.
No obstante, fue la contralora general, Marta Acosta, quien reveló la investigación, casi un mes después, el 9 de marzo, en la Comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público.
Ese día, Acosta hizo públicas las pesquisas, ya que fue la Contraloría General la que ordenó a la Auditoría Interna del Ministerio de Presidencia realizar "un análisis y revisión general" de todos los funcionarios que hubiesen recibido un pago por concepto de prohibición o dedicación exclusiva, con el objetivo de determinar si contaban con los requisitos respectivos.
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Zúñiga también estaba al tanto. Ella fue informada de la investigación desde el 16 de febrero, cuatro días antes de que los cuestionamientos salieran a la luz pública.
A ella se le trasladaron los cargos luego de que el ministro de la Presidencia nombrara al director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, como el encargado de su investigación.
Luego que el caso trascendiera, Carvajal ordenó el 23 de febrero, como medida cautelar, rebajar el pago por prohibición a Zúñiga para que, en lugar de cobrar el 65% que venía devengando, solo pudiera recibir un 45% del sueldo base.
La medida cautelar se gira el mismo día en que el presidente Luis Guillermo Solís anunció que él había solicitado esa rebaja del 20%.
"Las medidas cautelares pueden ejecutarse en cualquier fase del procedimiento administrativo, a efectos de resguardar el objeto del proceso. Siendo así, al ser la reducción del rubro de prohibición una medida que afecta el salario de un servidor público, luego del análisis correspondiente y considerando la renuncia voluntaria de la señorita Zúñiga, así como la consulta remitida por el Ministro de la Presidencia a la Procuraduría General de la República, se procedió a dictar la mencionada medida cautelar", explicó Carvajal.
La decisión de rebajarle el pago de ese plus a Zúñiga se toma luego de que la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas, asegurara que ningún viceministro egresado de la carrera de licenciatura en Derecho, como es el caso de Zúñiga, podía cobrar ese plus, porque incumplía el requisito de estar adscrito al colegio profesional de Abogados.
Según declaró Rojas a La Nación, Zúñiga sí podría acceder a una compensación con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Compensación de la Prohibición, pero en ese caso, sería del 45% y no del 65%. Ese es el porcentaje que se establece para los egresados de la carrera de licenciatura en Derecho.
No obstante, la contralora Marta Acosta tiene un criterio diferente. Ella considera que no hay ninguna ley, ni interpretación legal, ni mezcla de normativas que le permita a un jerarca del gobierno cobrar el incentivo por prohibición si carece de título profesional y de la colegiatura, en el caso de que esta última sea obligatoria para ejercer su profesión.