El ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez, critica a los congresistas por no tomar una decisión con respecto a la Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico.
Dicha iniciativa debió ser aprobada en el 2014, cuando se venció el plazo de cuatro años de trámite que establece la Ley de Iniciativa Popular.
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El jerarca lamentó que el Congreso haya demorada tanto en legislar en favor de proteger las fuentes de agua en el país y aseguró que hay intereses económicos que impiden el avance de iniciativas como esta.
“Me parece que no es un olvido (de los diputados). En política no hay olvidos, sino presiones económicas para tomar decisiones en un sentido u otro”, enfatizó Gutiérrez.
El ministro recordó que el proyecto lleva 15 años en trámite (tomando en cuenta la recolección de firmas) y sostuvo que algunos sectores opuestos a la iniciativa han aprovechado las objeciones de la Sala IV para ejercer presión.
“Hay diputados que me dicen que apoyan la ley siempre y cuando un sector específico les diga si están de acuerdo o no.
”Uno se pregunta si los diputados obedecen a un sector específico o a un interés superior del país,” añadió el ministro de Ambiente.
La presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, aseguró que ha intentado dialogar con los agricultores que se oponen a la regulación de las fuentes de agua.
“Hemos tenido acercamientos, pero ellos no quieren ni siquiera reunirse”, manifestó la jerarca.
Según datos del AyA, en Atenas el desabastecimiento de agua afecta a cerca de 21.000 personas. También hay 20.000 perjudicados en Cañas, 13.000 en Bagaces y 10.000 en la zona costera de Cóbano.
En el Valle Central, más de 11.000 personas tienen afectación alta en Alajuelita y 120.000 sufren afectación media en Goicoechea, Coronado y Desamparados, entre otras zonas.