México solicitó, este lunes, a Nicaragua la extradición del empresario tico Daniel Gil Trejos, cuyo caso tensó las relaciones entre Managua y San José por las condiciones en las cuales el nacional fue recluido.
Las autoridades aztecas requirieron a Gil Trejos para que enfrente un proceso judicial por el supuesto delito de fraude comercial.
El empresario se encuentra detenido en la cárcel El Chipote, en Managua, desde el 26 de mayo pasado. Fue arrestado por la policía nicaragüense a raíz de una alerta emitida por la Interpol, a solicitud de México (país del que él también ostenta la nacionalidad).
No obstante, la Cancillería de Costa Rica se quejó de que Gil estuvo en un calabozo oscuro y mal ventilado, sin acceso suficiente a asistencia diplomática ni legal.
La solicitud de extradición fue confirmada por el canciller Manuel González.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó de que en este tipo de casos, a Costa Rica le corresponde garantizar el cumplimiento de los derechos humanos durante el proceso de traslado que pretende México por razones judiciales.
“En cuanto a la solicitud de extradición es algo en lo que intervienen México y Nicaragua, solamente”, continuó la Cancillería costarricense.
No obstante, el jefe de la diplomacia expuso su inquietud al respecto: “Me preocupa que se agarren de eso (en Nicaragua) para extraditarlo sin respetar su derecho a defenderse u oponerse a esa solicitud”.
Gil cumple 49 días detenido en Nicaragua, bajo condiciones calificadas como “deplorables” por el Gobierno costarricense.
Marcela Chacón, esposa del detenido, asistió ayer a la cárcel de El Chipote. En horas de la mañana, no había sido atendida, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Desde el pasado 8 de julio, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua autorizó el traslado de Gil a un régimen de “arresto domiciliar bajo custodia policial”, pero la orden de sacarlo de la cárcel nunca se cumplió.
Antes de la detención de Gil el 26 de mayo, Costa Rica alertó a la Interpol del viaje que haría el empresario a Nicaragua, pues conocía la orden internacional emitida desde el 2013. El tico no podía ser detenido en suelo nacional.