Aparte de las características del empresario que prestó el avión a la mandataria Laura Chinchilla, su viaje a Perú volvió a poner sobre el tapete un hecho claro: la Presidencia de Costa Rica es una excepción en la regla de que cada gobierno tiene una aeronave.
La tienen Evo Morales y Barack Obama, la tiene el gobierno de Honduras y el potente de China. La tiene el vecino Ricardo Martinelli y la tiene el mexicano Enrique Peña Nieto, quienes a veces han pasado por Costa Rica para hacer un “ride”; pero Costa Rica no tiene un avión oficial.
El mandatario de turno debe viajar en aerolínea comercial, esperar un aventón de algún gobierno amigo o hacer lo que hizo Chinchilla en junio pasado: valerse de un avión privado cuyo dueño puede ser un santo bondadoso o no.
La mayoría de los costarricenses prefiere no depender de esas opciones: el 65% opina que el Gobierno debería tener su propio avión presidencial, según la encuesta más reciente de Unimer.
Así podrían evitarse episodios que dañen la imagen del país ante el mundo, como ocurrió en este caso, según el 75% de la gente.
Ellos concluyeron que el episodio del viaje a Perú perjudicó la proyección del país hacia fuera, aunque la propia mandataria negó que fuese así.
Solo uno de cada tres prefiere que Chinchilla, o quien la sustituya en el 2014, maneje sus viajes al exterior, sin la posibilidad de abordar un avión propio.
Las posiciones se matizan cuando la pregunta de los encuestadores va al grano: ¿Debería el país sacar dinero para comprar la aeronave? Aquí, el porcentaje se reduce al 53%, opuesto a un 44% que cree inconveniente dedicar recursos para comprar un vehículo en que los gobernantes de turno vayan y vengan por aire.
Su responsabilidad. En el caso concreto, la mayor parte de los encuestados cree que Chinchilla no asumió la responsabilidad que le correspondía al viajar en un avión a cuyo dueño presuntamente desconocía, según la versión oficial.
En este caso renunció el ministro de Comunicación, y fueron despedidos el jefe de la DIS y una asistente personal de la mandataria.
Esas bajas son suficiente castigo para el Gobierno según la mitad de los entrevistados, pero la otra mitad opina lo contrario.