La mayoría de los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) apoya al Gobierno en su propuesta para limitar las remuneraciones adicionales al salario base de los empleados públicos.
Así se desprende de las entrevistas que realizó de forma individual La Nación a 12 de los 13 legisladores oficialistas (una de ellos está fuera del país), pues esta bancada abrió la discusión sobre el plan de empleo público este lunes, en la reunión de la fracción legislativa.
De esa representación, al menos siete apoyan la revisión de los pluses, sin tratar de adoptar el apoyo definitivo a un texto, pero en el entendido de que es parte de la agenda de responsabilidad fiscal que impulsa el gobierno de Luis Guillermo Solís en la Asamblea Legislativa.
Marlene Madrigal, Marco Vinicio Redondo, Epsy Campbell, Franklin Corella, Ottón Solís y Marcela Guerrero ven positiva la revisión de los pluses, aunque cada uno matiza de forma diferente sus criterios.
De igual forma, Laura Garro, jefa de la fracción oficialista, aseguró que se tiene que hacer un análisis con los sindicatos. Sin embargo, enfatizó que el Partido tiene que llevar a cabo reuniones con los gremios, explicarles hasta dónde se ha modificado el plan y saber qué piensan esas agrupaciones de trabajadores.
Garro manifestó que sus compañeros de partido con más dudas sobre el plan para limitar los pluses son Marvin Atencio, Javier Cambronero, Henry Mora y Víctor Hugo Morales Zapata.
La congresista Nidia Jiménez prefirió no dar criterio de ninguna forma, ni sobre el borrador de proyecto puesto a consulta por el Gobierno la semana pasada, ni sobre la regulación de los pluses salariales en general.
Se intentó conocer la opinión de Emilia Molina, quien está fuera del país. Al cierre de esta edición, no había respondido los mensajes a su WhatsApp.
Determinantes. Los votos que el PAC aportaría a la votación de una moción de trámite rápido para el proyecto sobre pluses salariales serían fundamentales en el plenario legislativo.
Esos votos se unirían a los de legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario y Alianza Demócrata Cristiana (ADC), así como al menos dos congresistas evangélicos, para la vía rápida.
La aprobación de este camino expedito requiere, según lo establece el Reglamento de la Asamblea Legislativa, la aprobación de dos tercios de los legisladores, o sea, 38 de los 57 parlamentarios.
Matices. Los matices en las opiniones oficialistas se basan, específicamente, en la decisión tomada, el lunes, de analizar con mayor profundidad el borrador del proyecto que originalmente presentó la liberacionista Sandra Piszk a criterio del Gobierno.
El documento fue producto del trabajo realizado en una subcomisión con legisladores de varias bancadas legislativas.
“Apenas tengo el texto, pero creo que hay que tener mente abierta para el tema de empleo público (...), porque la sostenibilidad financiera tiene que ver con todos los escenarios posibles”, manifestó Marcela Guerrero.
Ottón Solís es el más radical en su apoyo al proyecto impulsado por el Gobierno y Piszk (exministra de Trabajo en el Gobierno anterior). “Hay que poner un límite, porque el peso de las remuneraciones ha pasado de un 13% del producto interno bruto (PIB) en el 2008, a un 18% hoy.”
“Si ponen a votación este proyecto hoy, tienen un voto en contra”, dijo Marvin Atencio, quien comentó que varios artículos deben discutirse mucho más.
“Difícilmente, yo apoyaría un proyecto que signifique retroceder en las conquistas sociales”, apuntó Javier Cambronero.