Mario Zamora Cordero, exministro de Seguridad y exdirector de Migración, además de exjefe de despacho de la exdefensora de los Habitantes, Catalina Crespo, alegó que los cuestionamientos en contra de su candidatura a defensor de los Habitantes son una “campaña organizada y orquestada” por el Frente Amplio (FA).
En entrevista con La Nación, argumentó que él es un “objetivo político” de la fracción del FA y que se trata de un bloqueo a su “posible opción” para la Defensoría.
“Estoy clarísimo de que todas estas acusaciones han sido organizadas y orquestadas por el Frente Amplio dentro de una estrategia política para afectar mi candidatura”, dijo. También alegó que esa bancada “ha utilizado muchas vías” para afectar su candidatura.
Sobre la sanción que le impuso la Contraloría, Zamora afirmó que pese a que era inejecutable ya cuando quedó en firme, en el 2015, consideró que había errores legales sustanciales en la sanción y por eso la llevó al Tribunal Contencioso Administrativo.
Pese a que aún está en etapa de casación, en manos de la Sala Primera, enfatizó que, en su opinión, un juez decretó que hubo un error de parte de la Contraloría.
Ese alegado error es que “no hay elementos que muestren responsabilidad administrativa de su parte”, pero también adujo que en sede administrativa, es decir, en la Contraloría, tampoco hubo la rigurosidad que sí existe en la sede judicial.
Respecto de los 2.484 recursos que perdió Migración cuando él fue su director, reconoció que cuando asumió el cargo, la emisión de pasaportes oscilaba entre ocho y diez meses.
“La Sala Constitucional fue reiterativa en que se debía entregar este documento y eso generó una cantidad significativa de recursos de amparo, porque las personas veían que el amparo era una forma de facilitar su disposición del documento”, respondió.
Zamora reconoció que el problema se solucionó cuando se instaló el sistema para emitir pasaportes a través del Banco de Costa Rica (BCR) y añadió que en el pico de recursos perdidos también tuvo incidencia la lucha contra los matrimonios por conveniencia, que finalmente se solucionó con una nueva Ley de Migración, en el 2009.
Sobre las gestiones en el tribunal constitucional que él impulsó contra normas de la CGR o de la ley anticorrupción, sostuvo que simplemente presentó una acción de inconstitucionalidad con base en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Su argumento es que “tiene que haber una determinación clara entre las acciones de una persona y las responsabilidades que se le achacan, que no pueden ser en abstracto, sino personalísimas”.
Solicitudes de refugio rechazadas
En cuanto a la negativa a las solicitudes de refugio en los casos de Nicole Kater y Chere Lyn Tomayco, aseveró que la Dirección de Migración tuvo una participación mínima.
Enfatizó en que los casos se judicializaron y adujo que por eso trascendieron del ámbito administrativo, pero insistió en que su rechazo a las solicitudes de refugio fue porque “legalmente, no se le puede otorgar refugio a una persona buscada por la Interpol”.
Además, el exdirector de Migración aseguró que Cefémina, la organización que lo cuestionó por estos casos, recurre a una persona “para generar esta fachada” porque dijo que, en el fondo, es una acusación que viene desde el Frente Amplio.
Sobre las acciones de represión policial que se dieron durante su mandato como ministro, Zamora rechazó que tuvieran algo que ver con él en lo personal y enfatizó que no fue denunciado.
El supuesto beneficio a autobuseros y las gestiones como exjefe de despacho de Catalina Crespo, tanto por los recargos salariales, como por el nombramiento de su exesposa, tampoco tuvieron que ver con su labor de jefe de despacho, argumentó.
Agregó que, pese a las gestiones que hizo y el intercambio de correos con el jefe de Recursos Humanos de la Defensoría, se lo acusó de nombramientos que él no podía hacer como asesor de Crespo.
“Si usted ingresa a la página de la Defensoría, observa que no tengo facultad ni competencia alguna en el nombramiento de ninguna persona”, arguyó.