El diputado Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC) y aliado del candidato Fabricio Alvarado, trata de impulsar una reforma fiscal diferente a la que el Gobierno tiene en la corriente legislativa, para aumentar la recaudación de impuestos.
Los contenidos de esta alternativa de contingencia fiscal no variarían demasiado con respecto a la iniciativa que impulsa Casa Presidencial, denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Redondo explicó que él intenta convencer a las bancadas de que se enfoquen en sacar un texto concentrado en la transformación del impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), conservando la tasa del 13%; así como en gravar las rentas de capital y en incluir un capítulo de reforma en las anualidades y la dedicación exclusiva que se pagan en el sector público.
En cuanto al IVA, el diputado explicó que hay consenso en crear una tasa diferenciada para los servicios de salud, educación y seguridad residencial privadas, aunque todavía no hay acuerdo en cuál sería la tasa con la que se gravarían.
En cuanto a las rentas de capital, estas se gravarían con un 15% del impuesto sobre la renta.
Según el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, las rentas o ganancias y pérdidas de capital son las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se realicen con motivo de cualquier alteración en la composición de este, incluidas las derivadas de la venta de participaciones en fondos de inversión.
En materia de los pluses salariales, el legislador dijo que esta semana habría más claridad sobre el tope en el porcentaje de la anualidad y las condiciones en que se pagaría la prohibición del ejercicio liberal de la profesión.
Básicamente es una versión más resumida de la propuesta que presentó el Poder Ejecutivo a finales del año pasado y que no ha avanzado mucho desde entonces en su trámite legislativo.
Redondo dijo que incluso se pretende que la nueva propuesta aumente la recaudación en un 1,93% del producto interno bruto, exactamente lo mismo que lo que pretende lograr el Poder Ejecutivo con su proyecto.
Y agregó que hasta ahora cuenta con el respaldo de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Acción Ciudadana (PAC), y que tiene avances importantes en las conversaciones con Liberación Nacional (PLN).
¿Por qué considera que su propuesta es más viable que la que presentó el Gobierno? El legislador dijo que esta albergaría los requerimientos mínimos de las bancadas del Congreso, para un acuerdo fiscal.
En cuanto a los aspectos que se quedarían por fuera de la iniciativa, Redondo afirmó que estos todavía están sujetos "a labor de carpintería", que realizan en conjunto todas las fracciones que accedieron a dialogar.
"Hay un buen ambiente, una buena probabilidad. Algunos querrán el proyecto ideal, un proyecto mucho más amplio, pero eso no es necesariamente lo que es más viable políticamente por el poco tiempo que tenemos", adelantó.
Pero Karla Prendas, jefa de fracción de Liberación Nacional, dejó claro que la de Redondo no es la única iniciativa de negociación sobre reforma fiscal que se lleva a cabo en el Congreso actualmente.
La diputada aclaró que no existe ninguna propuesta nueva para solucionar el problema del déficit y que todo lo que se ha hecho hasta ahora es partiendo de la base de la iniciativa que propuso el Poder Ejecutivo.
Y dijo que el PLN estableció una ruta de trabajo para intentar dilucidar cuál es el verdadero escenario de las propuestas fiscales y decidir si las respalda o no.
"Nosotros tenemos dudas sobre cuáles fracciones están de acuerdo en empezar a trabajar sobre la base de esta propuesta sobre las finanzas públicas. Esas cosas no las sabemos, tampoco sabemos si la propuesta se ha trabajado con sectores productivos o no. Son detalles que no tenemos claros y que impiden pensar en este momento en aplicarle la vía rápida al proyecto", amplió.
Prendas informó de que, el miércoles de esta semana, su bancada tendría listo un paquete de mociones para fortalecer el texto original del proyecto que salió de Casa Presidencial en ámbitos como el del empleo público, y otras para aproximar la recaudación a un 2% del PIB.
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"Estamos pidiendo a los diputados, no al Gobierno, porque no sabemos quién es su interlocutor, que nos reunamos para poder establecer una reunión donde nos veamos la cara y nos digamos en cuáles propuestas de contenidos estamos de acuerdo todos, y los cambios que cada bancada quisiera hacerle al proyecto", agregó.
La opositora dijo que su bancada también está a la espera de que los candidatos presidenciales Fabricio y Carlos Alvarado, de Restauración y Acción Ciudadana, respectivamente, les confirmen si aceptarán comparecer ante la fracción el próximo lunes.
El PLN quiere preguntarles a ambos aspirantes si están de acuerdo en mantener el recorte de ¢100.000 en las pensiones del Poder Judicial, si tienen alguna otra propuesta en materia fiscal y qué decisiones tomarían en materia de contención del gasto público.
"Para nosotros eso es fundamental antes de pensar en una vía rápida", contestó.
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Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia para Asuntos Legislativos, dijo que Casa Presidencial está al tanto de la iniciativa del diputado Mario Redondo.
Mora afirmó que Zapote le solicitó a Redondo comunicarle los extremos de su propuesta, pero que todavía no lo ha hecho, aunque el viceministro dijo que están dispuestos a escucharlo.
"Tendríamos que ver en concreto que es lo que tiene esa propuesta. Pero sí le quiero decir que el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, así como está, aparte de ser integral, es realmente un proyecto de contingencia porque produce en recaudación adicional un 1,9% del PIB, mientras que se requiere de un 3% para saldar la cuenta y en ese sentido es un proyecto de contingencia, pues la próxima administración tendrá que presentar su propio proyecto fiscal", recalcó.
El viceministro insistió en que el expediente que redactó el Poder Ejecutivo guarda la integralidad requerida para atacar el problema del déficit, pues no solo incrementa los impuestos actuales, sino que además contiene una propuesta de regla fiscal que impediría nuevos desbalances en el gasto del Gobierno y una reforma al empleo público par exigirles resultados a los empleados públicos.