San José
Después de convocar a discusión legislativa el proyecto de ley que limitaría los pluses salariales del sector público (expediente N.º 19.506), el propio gobierno de Luis Guillermo Solís se encargó de minarlo.
Primero lo desacreditó dentro de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) y, luego, en la Asamblea Legislativa, para cerrar con un comunicado de prensa en el que advirtió de que convocó el proyecto solo "con el fin de motivar la discusión del resto de la agenda fiscal".
Al mismo tiempo, diputados del PAC se pronunciaron en contra de la iniciativa de la liberacionista Sandra Piszk, la cual ordenaría el pago de beneficios como anualidades, cesantía y dedicación exclusiva en todo el sector público.
Ayer en la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso, donde se discute el proyecto, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, afirmó que la iniciativa aumentaría el gasto del Gobierno central en lugar de contenerlo.
Aunque su equipo reconoció que el plan les generaría un ahorro a las instituciones públicas (de unos ¢270.000 millones, estimó la contralora), donde se pagan los pluses más altos, el ministro insistió en que su impacto sería insignificante para el déficit fiscal, porque este no contempla los gastos de las descentralizadas.
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Este lunes, además, los viceministros de Presidencia y Hacienda, Luis Paulino Mora y José Francisco Pacheco, se reunieron con los diputados de gobierno para exponer los cuestionamientos negativos que Casa Presidencial tenía sobre el plan que convocó el 9 de enero, luego de reunirse con los sindicatos, opuestos por completo a la reforma.
La posición de Gobierno llegó a una fracción del PAC en la que ya, de por sí, 7 de 13 diputados estaban opuestos al plan de empleo público.
El 11 de enero, Henry Mora, uno de los diputados más cercanos al presidente Solís dirigió a los restantes 12 legisladores oficialistas una carta en la que detalló sus cuestionamientos sobre el expediente legislativo.
¿Qué propone el proyecto de ley de empleo público para 8 pluses salariales?
Mora dijo que aprobar el proyecto sería "firmar el acta de defunción del movimiento sindical". Agregó que "tiende un cerco" sobre la negociación de convenciones colectivas, al reducir de 12 a 9 meses el plazo para renegociar esos pactos de beneficios del sector público y concluyó que la propuesta está envuelta en un "antisindicalismo recalcitrante".
Además, el diputado oficialista Marvin Atencio publicó este martes en sus redes sociales un video realizado por el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (bussco), donde asegura que la propuesta acabaría con la paz social.
"El combo contra el empleo público viene a afectar a la clase trabajadora especialmente y, sobre todo, a la familia. Viene a disminuir ingresos pero, algo muchísimo más importante que esto es la paz, la paz familiar, la paz social. Y son proyectos que, más que mejorar, vienen a crear conflictos a este bello país", se le escucha decir en la producción sindical.
Todos esos signos llevaron al diputado Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), a denunciar ante el plenario que existió "compadre hablado" en contra del proyecto entre Casa Presidencial, diputados y los sindicatos, que amenazan con irse a huelga si el proyecto avanza en el Congreso.
"Esta estrategia me parece, que casi que podríamos creer que está muy articulada entre representantes de sindicalistas en este plenario, con actores de Casa Presidencial, quienes nunca han demostrado la firmeza y la responsabilidad de comprarse en serio la necesidad de poner en orden la casa", recalcó.
Incluso, Redondo afirmó que el PAC y el Gobierno tiraron la toalla y que renunciaron a que se vote el proyecto para reformar los pluses salariales, aunque la oposición exigía ese debate antes de entrar a discutir los proyectos que reformarían los impuestos sobre las ventas y sobre la renta.
"El pueblo de Costa Rica se está hartando. Hay en este país miles y miles de personas que no son parte de esa argolla que está exprimiendo nuestras instituciones públicas, que ya están hartos de esa buchonada de algunos sectores, de la complicidad de algunos políticos que están en compadre hablado con los sindicatos, que son parte de la misma argolla", reprochó.
El Poder Ejecutivo rechazó lo dicho por el parlamentario.
Después de comparecer, el ministro Sergio Alfaro dijo que, si el Gobierno hubiera desistido de la agenda fiscal, simplemente hubiera desconvocado los proyectos, aplicando esa potestad que tiene durante el actual periodo de sesiones extraordinarias.
Por su parte Helio Fallas, ministro de Hacienda y primer vicepresidente de la República, negó que el Gobierno hubiese tenido la intención de llegar a un acuerdo con los sindicatos, como lo denunció Redondo, durante la reunión del 4 de enero.
Pero el diputado opositor insiste en que el PAC hace inviable el trámite de la reforma a empleo público porque siete de sus diputados se oponen a aplicarle un trámite abreviado.
"Obviamente me decepciona muchísimo la posición del Gobierno. Es claro que nunca han estado de acuerdo con el proyecto para ordenar el empleo público, por el contrario, todo el tiempo han sido esquivos y le han atravesado cuanto palo se han encontrado a la carreta", manifestó.