Las malas cifras fiscales que reveló el Ministerio de Hacienda, el viernes pasado, le imprimen una presión adicional a la comparecencia ante los diputados de la titular de esa cartera, Rocío Aguilar.
Según Hacienda, entre enero y abril pasados, el déficit fiscal alcanzó los ¢670.560 millones, un 1,9% del producto interno bruto (PIB), mientras que durante el mismo periodo del 2017 la brecha entre los ingresos y los gastos del Gobierno Central fue de un 1,8% del PIB.
En tanto que durante el primer cuatrimestre de este año, los gastos acumulados crecieron un 7,6% con respecto al mismo periodo del 2017. Hacienda le achacó el aumento del déficit fiscal a la desaceleración de la economía que afecta la recaudación de los impuestos.
Sobre el gasto, que creció en ¢188.272 millones en relación con los primeros cuatro meses del año pasado, Hacienda dijo que el aumento se debe a males estructurales como el pago de intereses de la deuda y las transferencias corrientes.
"Los intereses, principalmente los de deuda interna, presentaron un crecimiento del 26% y las pensiones con cargo al presupuesto aumentaron ¢56.870 millones. El restante 25% es explicado por aumentos en remuneraciones y en (la compra de) bienes y servicios", se lee en el boletín.
Hacienda también señaló: "El crecimiento de las remuneraciones fue de un 6%, mayor al 4,5% del 2017. Esto debido a que el pago de salario base creció 4,2%, el de la anualidad en 5,6% y el de horas extra en 26,5%".
La ministra Rocío Aguilar fue convocada por 56 diputados, hace una semana, para que rinda un informe sobre los planes de contención del gasto del gobierno de Carlos Alvarado, los próximos 30 y 31 de mayo, ante el plenario del Parlamento.
El ambiente legislativo, de por sí complejo, amenaza con contaminarse aún más producto de las revelaciones hechas por Hacienda.
Las bancadas de oposición más grandes, como las de Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), anunciaron la semana pasada que aguardarán el informe de Aguilar antes de tomar decisiones sobre el futuro del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Esa iniciativa se basa en una reforma al impuesto sobre las ventas, para convertirlo en el impuesto al valor agregado (IVA), para impactar en más de ¢660.000 millones anuales al déficit fiscal.
A diciembre, según el Banco Central de Costa Rica (BCCR), esa diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno Central podría ser de un 7,1% del producto interno bruto (PIB), es decir, que superaría los ¢2 billones.
Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción del PLN, dijo que su partido verá con particular interés la exposición de la jerarca por la "inmensa preocupación" que tiene por la "connotación dramática" de la realidad fiscal.
Benavides agregó que el PLN espera decisiones puntuales que provoquen un verdadero impacto en el déficit.
"No queremos líneas generales, queremos acciones específicas pero tampoco sirve de nada señalar 30, 40, o 100 pequeñas acciones cuyo impacto no mueva las cifras del déficit", advirtió.
Benavides agregó que Aguilar le indicó a la bancada de su Partido en una conversación reciente que planea medidas en materia de las transferencias del presupuesto, que son uno de los principales disparadores del gasto.
"Va a ser una comparecencia muy importante para todo el país porque podría marcar el destino de todos los esfuerzos que estamos haciendo entre todos los partidos que somos conscientes de la gravedad del déficit fiscal", concluyó.
Por su parte, Carlos Avendaño, jefe de fracción de Restauración, opinó que el anuncio que hizo Hacienda sobre la situación fiscal del país le da la razón a su bancada, que ha insistido en la necesidad de combinar el aumento en los impuestos con un recorte a conciencia del gasto.
"Nosotros no esperamos de la ministra otra cosa que no sean porcentajes medibles de recorte en el gasto, porque con lo que se pueda percibir de más por impuestos, no va a haber un logro sustancial si no se combina con la reducción del gasto. Nosotros pedimos acciones medibles y porcentajes definidos. Queremos algo sustancioso, que pese, porque los expertos nos dicen que puede haber un equilibrio al aplicar el IVA donde no se aplica hoy, siempre y cuando también haya una reducción del gasto", detalló.
Actualmente, Casa Presidencial y las fracciones trabajan en una propuesta para modificar la vía rápida que se le aplicó al plan fiscal durante el periodo constitucional anterior con el objetivo de reabrir el espacio para que los nuevos diputados puedan hacerle modificaciones al proyecto de ley, en aras de facilitar su votación.
La Presidencia desea que esa votación ocurra antes de agosto, mes en que iniciará el primer periodo de sesiones extraordinarias, durante el cual es el presidente de la República quien controla la agenda de trabajo de los diputados.